El proyecto de ley de garantía de ingresos y garantías ciudadanas, que impulsa Podemos y cuyo segundo borrador ha sido publicado hoy, se espera que quede aprobada este año y que a partir de 2019 se puedan acoger 24.000 personas, que tendrían derecho a recibir unos ingresos de 600 euros mensuales.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han informado hoy en rueda de prensa de este segundo borrador de la ley de garantía de ingresos y garantías ciudadanas que, según han destacado, recoge las aportaciones de organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de vecinos.

El borrador, que se puede consultar en la web de la Consejería, según ha explicado Herranz, no supone una asignación presupuestaria completamente nueva sino que la mayor parte ya se recoge en el plan de garantías ciudadanas y del presupuesto de este año, por lo que el impacto de presupuesto "respecto a lo que ya se está haciendo es ínfimo" al combinar e integrar políticas ya en marcha.

"Este segundo borrador se encuentra anclado a dos derechos: el derecho a la garantía de ingresos y el derecho a las garantías complementarias", ha indicado la consejera, quien ha señalado que el primero se hará efectivo "de manera prioritaria, a través de las políticas activas de empleo", y se garantiza una renta para quienes no tienen acceso al empleo hasta que lo consigan.

Tendrán preferencia las familias con menores que, o bien recibirán la renta completa de 600 euros o, si tienen ingresos por debajo de esta cantidad, percibirán la diferencia hasta completar esa cantidad.

Por su parte, el derecho de garantías complementarias incluye prestaciones de educación, vivienda y de acompañamiento técnico sociolaboral, ya que la clave es la inserción en el mercado de trabajo.

Para determinar quién se puede acoger a estos derechos, el borrador de la ley establece dos tramos de ingresos: el tramo uno da acceso a los derechos de garantía de ingresos y garantías complementarias a las familias en situación de pobreza, hasta alcanzar unos ingresos mensuales del 70 % del salario mínimo interprofesional (SMI), unos 600 euros por familia.

El tramo dos, que regula el acceso a las garantías complementarias, correspondería a las familias cuyos ingresos se encuentran entre el 70 y el 130 % del SMI.

El número potencial de beneficiarios de la garantía de ingresos para el año 2019 es de unos 24.000 titulares y un total de 94.000 beneficiarios contando a las familias.

La consejera ha explicado que la mayor parte del presupuesto designado a esta norma ya se recogía en el plan de garantías ciudadanas y del presupuesto de 2018.

Por tanto, ha afirmado, "el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019, y en función del mes en que se materialice la ley, estaría alrededor de un 0,15 a un 0,20 % del presupuesto de Castilla-La Mancha, es decir, entre 12 y 18 millones de euros".

Para Herranz, esta es una cuantía "perfectamente asumible, es una ley que vale mucho más de lo que cuesta", para defender los derechos de la población.

Con esta ley, ha resaltado que su grupo "cumple su palabra" ya que Podemos entró en el gobierno "para dar estabilidad y seguridad a la gente".

García Molina ha manifestado que con esta ley Castilla-La Mancha se equipararía a otras comunidades autónomas que cuentan con normativa que protege a la ciudadanía y a las familias con niños que, queriendo trabajar, no encuentran empleo.

Ha considerado que hay tiempo para que la ley pueda estar lista para ser aprobada en las Cortes antes de fin de año y ha asegurado que confía en que el presupuesto de Castilla-La Mancha de 2019 se apruebe también.

"Y si además podemos llegar a ciertos acuerdos con el Gobierno central para que todo ese dinero que hoy no sabemos si podemos recibir de más o de menos, en torno a unos 200 millones de euros, se puede venir a Castilla-La Mancha, pues hay que hacer todo lo posible para que sea así", ha indicado García Molina.