A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, García Molina ha considerado que este acuerdo es "una buena noticia", contraponiendo este diálogo a la "crispación y circo parlamentario" que a su juicio protagonizan otros grupos políticos.

Tras considerar que el pacto recoge cuestiones "de calado político que harán la vida cotidiana de las personas mucho mejor" como la subida del Salario Medio Interprofesional, la regulación de alquileres o el aumento de las cuantías para la ley de Dependencia, ha lamentado que en el otro extremo están "los que se dedican a pedir elecciones y a originar incendios".

Ley de Garantías Ciudadanas

Por otro lado, García Molina ha insistido en que la Ley de Garantías Ciudadanas, proyecto estrella de su formación, estará en vigor antes de que acabe la legislatura. En una entrevista con Castilla-La Mancha Medida recogida por Europa Press, ha recordado que tanto el presidente autonómico, Emiliano García-Page, como él mismo, mostraron su compromiso de sacar adelante esta ley cuando Podemos entró en el Gobierno.

"No me cabe en la cabeza otra cosa. Los dos dimos esa palabra", ha afirmado, aseverando que hay más leyes en tramitación que tendrán que ver la luz, como la de Vivienda, Bienestar Animal y Participación Ciudadana.

Sobre esta última, ha replicado al portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, que este miércoles ponía en duda su legalidad, asegurando que "está escrupulosamente redactada". "Aquí han participado 600 personas. Si me preguntas, creo que es más fácil que se equivoque una persona a que se equivoquen 600", ha dicho García Molina, quien ha recalcado que todo ha sido "cuidado" para darle encaje constitucional.

El propio García Molina ha acompañado en una rueda de prensa posterior al director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en la presentación del último borrador de este anteproyecto de ley en rueda de prensa.

El vicepresidente segundo ha recordado que cuando Podemos entró en el Gobierno hizo la promesa de "generar estabilidad, garantías y ensanchar los márgenes del ejercicio democrático". En su opinión, el espíritu de esta ley pasa por ser "la más participada de la historia", con más de 600 personas entre juristas, funcionarios, asociaciones vecinales o representación civil y sindical que han armado "una ley consistente y ambiciosa".

Ha abundado en que insistir en la participación social "no es un adorno", confiando en que el consenso que ha suscitado la norma hace "muy difícil" que, una vez entre en vigor, pueda derogarse por futuros gobiernos.