La
dureza del contexto económico vivido en estos últimos diez años ha
generado la salida de grandes colectivos
de población del núcleo central de la sociedad, un aumento desorbitado
de las desigualdades sociales y un empobrecimiento general de la
ciudadanía. El contexto de crisis económica ha generado fenómenos de
polarización social y, de paso, ha servido de excusa
para cuestionar y limitar los derechos fundamentales de las personas,
dejándolas en situaciones de absoluta desprotección. Los efectos de la
aplicación de políticas internacionales y nacionales de contracción de
derechos instauran en nuestras sociedades un
sistema de violencia colectiva y estructural y un demasiado sufrimiento
humano justificados en los vaivenes de la economía. En ocasiones, estas
situaciones de violencia estructural contra los derechos humanos se
hacen explícita y directas; en otras, se ejercen
en la cotidianidad de la vida de las personas y las familias, en las
que la invisibilidad de estas familias se constituye como el mejor
cómplice para el mantenimiento de estos niveles de violencia.
Hemos
escuchado de manera sistemática cuales son los desequilibrios que se
han producido en los últimos
años en nuestras sociedades. Buena cuenta de ello aporta el 8º Informe
AROPE sobre el Estado de la Pobreza, presentado en el día de ayer, por
la EAPN España. Si nos centramos en nuestra Comunidad los últimos datos
presentan una disminución de cuatro puntos
del Riesgo de Pobreza y Exclusión Social pasando de 37,9% en 2016 a
33,9% en 2017; descenso provocado, en buena medida, gracias a la
implementación de políticas de protección social como el Plan de
Garantías Ciudadanas. Sin embargo, un breve repaso por algunos
de los indicadores principales permiten determinar la magnitud y
gravedad de la experiencia vivida: la elevación del Riesgo de Pobreza y
Exclusión Social; la caída del mercado de trabajo en nuestro país y en
nuestra región que alcanzó, a principios de 2013,
el 31,2% (máximo histórico); y, como consecuencia, el descenso de la
renta media por hogar, (caída del 7,3% en el periodo 2008-2017 la cual
se situó, en este último año, casi 4.400 euros por debajo de la renta
media nacional). Sin embargo, el deterioro de
las condiciones de vida de las familias no se debe únicamente a la
situación del mercado de trabajo y de la economía en su conjunto, sino
también a la manera en cómo se ha respondido a esta situación de crisis.
Un ejemplo de ello es el desmantelamiento de
los sistemas de protección social durante los años más duros de la
coyuntura económica. El Gasto social (Educación, Sanidad, Bienestar
Social) en los años 2012, 2013 y 2014 se redujo un -18,1%, -24,6% y en
un -25,6% respectivamente, tomando como referencia
el año 2010 (máximo histórico de inversión presupuestaria en protección
social).
Miles
de hogares quedaron abandonados a su suerte, con todos los miembros en
paro, que se fueron convirtiendo
en parados de larga duración, agotando todas las prestaciones, con
cargas hipotecarias o alquileres y menores a cargo, que, en el mejor de
los casos, pudieron apoyarse en los abuelos, pensionistas, para poder
comer y atender a sus hijos. Éstas situaciones
no forman parte de la ficción o de colectivos minoritarios. Cualquier
lector reconoce en sí mismo o entre sus amigos, vecinos o familiares las
situaciones descritas.
Las
Administraciones Públicas no pueden cerrar los ojos, ni silenciar esta
realidad. Hasta el momento los
sistemas de protección social solo estaban preparados para dar
respuesta a situaciones coyunturales muy exiguas, que no afectaran a
grandes colectivos de población y siempre vincula al retorno inmediato
al mercado de trabajo. Los diez últimos años en España
y en nuestra región hacen necesario avanzar en un sistema estable de
protección social que consolide derechos avanzados y que permitan la
igualdad de oportunidades real para el desarrollo de nuestras
sociedades. En Castilla-La Mancha la futura Ley de Garantía
de Ingresos y Garantías Ciudadanas se constituye como un sistema de
derechos garantizados vinculados a la protección económica de las
familias y a medidas de apoyo complementarias en vivienda y educación.
Asegurar a los hogares más vulnerables un sistema de
garantía de ingresos constituye, no solo una respuesta eficaz ante la
cronificación de la pobreza, sino un mecanismo protector ante los
futuros avatares de la economía.
Inmaculada Herranz
Consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas
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Miércoles, 17 de Abril del 2024
Sábado, 20 de Abril del 2024
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