En el caso de Castilla-La Mancha, el Tribunal solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones.

Por otra parte, el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia “de manera destacada” en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.

El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores.

Entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información al Tribunal de Cuentas sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional, cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,  o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.

Además, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados.