Según los datos barajados por Unión de Uniones, la sequía y diversos episodios graves de pedrisco, pueden dejar una vendimia del orden de los 39-40 millones de hectólitros a nivel nacional, que es una cosecha casi un 20 % por debajo de la anterior y aproximadamente un 6 % inferior a la media de los cinco años anteriores. Los otros dos principales países de la UE tampoco tienen buenas producciones. En el caso de Francia estaría en el entorno de los 43 millones de hectólitros, inferior a su media de los últimos años si se descuenta la excepcionalmente mala del 17. También Italia volvería a sus niveles medios de alrededor de 49-50 millones de hectólitros y, en definitiva, todo ello dejaría la cosecha europea en valores de unos 165 millones de hectólitros.

Esta producción moderada debería compensar un alto nivel de existencias que, efectivamente, son superiores a los habituales y que a finales de junio se situaban en 41,8 millones de hectólitros, aunque desde la sectorial se ha apuntado que la cifra se reducirá en el enlace de campaña de manera significativa por las salidas de vino, que se han acelerado durante julio y se podrían reducir hasta los 36-37 millones de hectólitros.

Unión de Uniones considera que, en consecuencia, no debe ser la 2019/2020 una campaña especialmente problemática, "salvo que artificialmente se busque crear problemas". En este sentido a Unión de Uniones le llama poderosamente la atención los anuncios que, incluso desde algunas organizaciones agrarias, se han hecho de "ruinosas" caídas del precio de la uva o de que se va a llegar a unos "precios hundidos" y considera que no juegan en favor de los intereses de los viticultores, sino todo lo contrario.

"Es innegable que en el vino sin indicación geográfica tenemos desequilibrios del mercado", apuntan desde la organización, "pero no se debe andar jugando a culpabilizar de ello y penalizar a los viticultores que se han visto empujados a intentar hacer sus explotaciones más competitivas, mientras no se erradiquen prácticas irregulares que pesan sobre el mercado y se meta mano de verdad al mal funcionamiento de la cadena alimentaria".

Vigilancia sobre los contratos

La organización, en respuesta a un escrito remitido en días pasados a la AICA ha sido informada de que el "Programa de controles in situ" de la Agencia se iniciará en la última semana de agosto con objeto de comprobar a pie de bodega tanto la existencia de contratos, como que estos reúnen los requisitos mínimos exigidos por la Ley 12/2013. La AICA hará especial hincapié en el precio, comprobando las entregas para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

Unión de Uniones recuerda también que debe respetarse el pago en el plazo de 30 días desde la finalización de la entrega de la uva, tal y como obliga la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad, y que solo en el caso de que uvas que pueden destinarse a vinos acogidos a figuras geográficas o de calidad, se puede aplazar hasta la validación de la cosecha el sobreprecio que pueda corresponder si la producción es calificada.