Fruto de este esfuerzo, se han conseguido "resultados positivos", de tal forma que en la región se han tramitado un total de 45.007 solicitudes de prestación extraordinaria por Cese de Actividad motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19 a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el INSS, de las cuales han sido resueltas favorablemente 43.547 solicitudes, según datos oficiales de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Esto representa un 96,76 por ciento de prestaciones concedidas del total que fueron solicitadas, ha informado Cecam en nota de prensa.

A pesar de este alto porcentaje de tramitaciones, "sorprende el hecho de que solo un tercio de los autónomos de la región, concretamente un 32 por ciento, haya solicitado la prestación por cese de actividad, lo cual es indicativo del elevado número de autónomos que han tenido que paralizar su actividad debido a la crisis actual y señala la necesidad de continuar informando a todos los autónomos de que tienen ayuda a su disposición".

Desde las organizaciones reconocen el esfuerzo realizado por parte de las mutuas de cara a facilitar el acceso de los autónomos a esta prestación y la agilidad en la gestión de esta prestación extraordinaria por parte de estas asociaciones de empresarios.

En lo referente a las cifras, del total de las 45.007 prestaciones solicitadas y tramitadas, 30.002 fueron motivadas por la suspensión de la actividad decretada por el estado de alarma, y las 15.005 restantes lo fueron por la caída de ingresos en más del 75 por ciento. Además, el importe de prestaciones reconocidas en Castilla-La Mancha asciende a casi 32 millones de euros, y los autónomos han recibido una prestación media de 728,70 euros, señalan desde la patronal.

Desde Cecam insisten en la necesidad de adoptar otro tipo de medidas complementarias a esta prestación, dirigidas a paliar los costes empresariales de los autónomos que, aún con su actividad suspendida, siguen incurriendo en gastos fijos como alquileres, suministros, entre otros.

Asimismo, se incide nuevamente en la necesidad de suprimir la obligación del pago de cuotas e impuestos mientras se prolongue la crisis sanitaria, y no limitar dichas medidas a permitir su aplazamiento, puesto que los autónomos no están generando ingresos durante este período para hacer frente a los mismos dentro de unos meses.