Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, a través de su organización nacional, ha instado al Ministerio de Agricultura a que se tenga en cuenta al sector del aceite de oliva dentro en las medidas contempladas por la Comisión Europea para hacer frente a la actual crisis sanitaria, al igual que se está haciendo con otros sectores.

Cooperativas muestra su "profunda decepción" con el Comisario Europeo tras la comunicación de hoy en la que señalaba un nuevo y excepcional paquete de medidas para apoyar a los sectores agroalimentarios más afectados",  obviando que uno de los sectores más afectados en la actualidad es el del aceite de oliva.

Por este motivo, insta, a través de su organización nacional, al Ministerio de Agricultura, y de la misma forma pide el apoyo de su Consejería de Agricultura, para conseguir desbloquear de inmediato un mecanismo de autorregulación para el sector del aceite de oliva, como se va a hacer en otros sectores como las flores, leche y patata.

El portavoz sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias CLM, Gregorio Gómez, recuerda que España produce más de la mitad del aceite de oliva mundial, y Castilla la Mancha alrededor del 10% de la producción española, por lo que el escenario actual compromete seriamente la viabilidad de miles de explotaciones olivareras en nuestra región. Recuerda que es imprescindible que el Ministerio adopte medidas que contribuyan a paliar la actual crisis, tanto propias como haciendo uso de las que está diseñando la Comisión Europea para apoyar a los diferentes sectores agrarios.

Entre estas medidas están la inclusión inmediata del aceite de oliva en el artículo 167 del Reglamento 1308/2013 (OCM); posibilitar la adopción de acuerdos mediante extensión de norma que permitan adecuar la oferta y la demanda y consigan un mayor equilibrio en el mercado; aprobar un mecanismo de autorregulación voluntario que cuente con total seguridad jurídica y que contemple un apoyo económico para aquellos operadores que participen en el mismo; reforzar el mecanismo de almacenamiento privado contemplado en la OCM de modo que se pueda activar a precios superiores a los actualmente previstos y en volúmenes suficientes para contribuir de manera eficaz a la recuperación de los precios y por último apoyo en materia de promoción tanto a nivel nacional como internacional, con mayor presupuesto y difusión.

Gómez ha destacado que "nos encontramos en una situación límite, que no puede prolongarse más, ya que los daños que se pueden generar a todos los niveles de la cadena alimentaria pueden hundir a un sector que es clave para la economía de muchos pueblos, con más de 430.000 hectáreas de cultivo en nuestra región".

Además de arrastrar un derrumbe de precios en origen de más de un año, justo antes de la crisis del COVID-19, tuvo que ver como se cerraba prácticamente su primer mercado exterior fuera de la UE, a consecuencia de los aranceles impuestos por Donald Trump en Estados Unidos, y tuvo que sufrir una gestión errática en la medida de almacenamiento privado por parte de la Comisión, que provocó un empeoramiento del mercado en los inicios de su aplicación. Además, el cierre del canal HORECA y del sector turístico como consecuencia del estado de alarma, dejan al sector en una situación de total vulnerabilidad.

Obviando todo ello, la Comisión además anuncia también que da "flexibilidad para los programas de apoyo al mercado. Esto permitirá reorientar las prioridades de financiación hacia medidas de gestión de la crisis para todos los sectores", sin tener en cuenta que dichos programas de apoyo no se aplican en el sector oleícola en España, primer productor mundial.

Y por si ello fuese poco, también anuncia una "derogación excepcional de las normas de competencia de la UE para permitir a los operadores adoptar medidas de autoorganización del mercado", sin recordar que el sector cooperativo del aceite de oliva español tiene presentada una propuesta para dicha autoorganización desde julio de 2019, que a causa de la burocracia no se ha puesto aún en marcha, y ni siquiera se aprovecha este momento de excepcionalidad para rematar dicho trabajo por parte de la Comisión, que por cierto, no costaría ni un euro a las arcas comunitarias.