La sentencia ha dado como probados los hechos que se remontan a octubre de 2005 cuando los cuatro acusados --de los que solo se juzgó a uno por estar otro de ellos fallecido y los otros dos declarados en rebeldía-- solicitaron el traspaso de un supermercado en Villanueva de los Infantes.

Al final este se hizo efectivo constando uno de los acusados como gerente del establecimiento. A su vez, narra la sentencia, se abrieron dos cuentas bancarias sin fondos para los presuntos pagos que se tendrían que hacer para el funcionamiento del negocio, incluso en noviembre de ese mismo año hicieron hasta cuatro contratos de quienes serían los empleados que recepcionarían las mercancías.

Paralelamente a esto, solicitaron a numerosas empresas locales y limítrofes el suministro de productos alimentarios haciendo en primer lugar pequeños pedidos que abonaban para, a continuación, realizar otros de mayor importe cuyo pago aplazaban extendiendo pagarés con la "evidente intención de no atenderlos a su vencimiento al carecer de fondos".

Los acusados procedieron a vender inmediatamente los productos adquiridos a precios inferiores en algunos casos al de la compra, obteniendo cuantiosos beneficios con los que desaparecieron a finales de febrero de 2006, momento en el que las empresas afectadas denunciaron los hechos.

Además de la pena de prisión, el acusado deberá devolver las cantidades estafadas a los proveedores y trabajadores y se le ha puesto una pena de multa de seis meses con cuota diaria de seis euros.