El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fundación CIEES, integrada en el Grupo de Entidades Sociales CECAP, y Eurocaja Rural han reforzado su compromiso con la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, mediante la prórroga del convenio de colaboración que las tres partes suscribieron en octubre de 2020, lo que permitirá seguir formando a jóvenes con discapacidad intelectual en tareas de digitalización y gestión documental.

La renovación de este acuerdo se ha rubricado en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por parte del titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de Eurocaja Rural, Javier López; y el presidente de la Fundación CIEES y del Grupo CECAP, Andrés Martínez.

De esta manera, se podrá dar continuidad al curso de ‘Digitalización y gestión documental’, una actividad que anteriormente se articulaba a través de becas formativas semestrales del Programa Futurempleo, y que ya este año se ha ampliado para ofrecer un curso teórico-práctico de 802 horas lectivas, que permite al alumnado adquirir competencias específicas para la introducción de datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia; realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos y confección de documentación y realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

Desde que se firmó el primer convenio, un total de 66 participantes han realizado prácticas en el Archivo Regional y gracias a este programa los alumnos han digitalizado 698.000 documentos.

Alto porcentaje de empleabilidad

Tras la firma, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la importancia de la formación para que los participantes puedan ampliar sus capacidades y la oportunidad de acceder al mercado de trabajo, además del alto nivel de empleabilidad de esta actividad formativa, ya que el 80 por ciento del alumnado que se ha formado en el Archivo Regional ha accedido al mercado laboral en oficios vinculados al perfil profesional de administración y gestión. Asimismo, ha animado a Eurocaja Rural y al Grupo CECAP a “seguir recorriendo juntos este camino hacia la integración sociolaboral”.

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural ha subrayado la implicación de la entidad financiera en materia de inclusión, ofreciendo oportunidades reales de inserción laboral y apoyando iniciativas dirigidas a colectivos en situación de exclusión social. Igualmente, ha agradecido la cooperación de la Junta y de la Fundación CIEES en un programa que persigue, una edición más, el fomento de la asistencia e inclusión social; la cooperación para el desarrollo y la inserción laboral, formación profesional y creación de empleo para personas en riesgo de exclusión por razones de discapacidad.

También el presidente de la Fundación CIEES y del Grupo CECAP ha mostrado su agradecimiento tanto a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas como a Eurocaja Rural, confiando en que año tras año “sigan apostando por la formación profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad. Por nuestra parte, desde el Grupo de Entidades Sociales CECAP, a través de su herramienta organizacional Fundación CIEES, seguiremos aportando todos los recursos necesarios para favorecer que cada participante beneficiario de esta acción consiga los objetivos marcados”.

Ambiciosa hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para impulsar la integración

La financiación de este curso forma parte de una ambiciosa hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para impulsar y mejorar la integración profesional de las personas con discapacidad.

De hecho, cada año se reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción el diez por ciento del importe de la Junta de Comunidades para contratación pública. Además, se ha modificado la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, lo que ha permitido convocar este año un proceso selectivo independiente y con temario adaptado para cubrir 65 plazas de empleo público en la Administración General de la Junta de Comunidades, que están reservadas a personas con discapacidad intelectual.