"Es una nueva normativa que responde al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de poner más recursos que garanticen la defensa del orden público y la salud pública de las personas en la región", ha explicado.

Una defensa que se ha tenido que fortalecer --ha manifestado-- ante el incremento del número de locales de juego y la irrupción de las nuevas tecnologías en este tipo de actividades.

Las funciones de inspección y de control que se establecen en este reglamento van a ser ejercidas por un cuerpo de funcionarios habilitados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este cuerpo, del que se han creado recientemente dos plazas de inspectores, va a colaborar también con la Administración del Estado.

Estos inspectores, entre otras decisiones, podrán poner infracciones recogidas en la Ley del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha que prevé multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de 3.000 a 6.000 para infracciones calificadas como graves y de 6.000 a 600.000 euros para las infracciones muy graves.

También esta ley contempla la suspensión temporal de la autorización concedida, el cierre del local o la inhabilitación del titular por un período máximo de un año.