La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM ha dado a conocer esta mañana las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio de Tomelloso (Ciudad Real) para avanzar en la dignificación de su trabajo y visibilizar el de todas las trabajadoras de este sector en Castilla-La Mancha. Las condiciones laborales de las 30 trabajadoras del municipio ciudadrealeño han sido analizadas en el estudio estatal del servicio de ayuda a domicilio de UGT, que ha recogido también las situaciones de otras 9 ciudades españolas: Granada, Gran Bilbao, Barcelona, Vitigudino, Burgos, Madrid y A Coruña.

Del estudio se desprende que la ayuda a domicilio es un trabajo feminizado en el que “las trabajadoras se sienten solas, están aisladas y no se les reconoce un centro de trabajo, que en realidad es el domicilio de las personas a las que atienden”, ha explicado Milagros Ruiz-Roso, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP UGT CLM.

El caso concreto de Tomelloso

La competencia en ayuda a domicilio la tienen los ayuntamientos, aunque la financiación la presta mayoritariamente la Junta de Comunidades, y cada uno decide si presta un servicio municipal o da la concesión a una empresa.

En el caso de Tomelloso el servicio está municipalizado y consta de 30 trabajadoras, 20 de las cuales son eventuales con un contrato de 6 meses. Las jornadas que tienen oscilan entre las 15 y las 37,5 horas y cobran la hora a 7,20 euros mientras la media nacional de las trabajadoras del SAD es de 7,74 euros. 

Cada una de ellas atiende a 3 o 4 dependientes al día y realizan tareas de limpieza en el domicilio sin descanso en toda la mañana, sin que se les cuente el tiempo que tardan en desplazarse de un domicilio a otro y sin saber qué funciones están contempladas dentro de su trabajo. “Muchos nos piden que hagamos limpiezas generales u otros trabajos que no nos corresponden, pero como no conocemos el plan de intervención individualizado sobre lo que necesita cada usuario, ni nosotras sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer ni el usuario sabe los límites”, ha afirmado Cristina Duque, delegada de UGT en el Ayuntamiento de Tomelloso.

A la vez, Duque ha reclamado que las mutuas empiecen a reconocer las enfermedades y problemas de salud que puedan como consecuencia del trabajo como enfermedades profesionales. “Muchas tenemos problemas de espalda, lumbago y otros dolores por levantar a mayores pero si vamos a la Seguridad Social estamos esperando 4 o 5 meses para empezar a tratarnos”, ha contado.

También ha señalado que es necesario revisar con más frecuencia los grados de dependencia de los usuarios, “que muchos creemos que tienen ya el grado 3” y que los coordinadores realicen seguimientos del desarrollo de la ayuda a domicilio para mejorar tanto las condiciones laborales de las trabajadoras como las de los que reciben el servicio. 

“Exigimos a la Junta y a todas las administraciones una financiación suficiente que no se da actualmente y un claro protocolo de actuación de ayuda a domicilio para visibilizar la situación de la trabajadora”, ha afirmado Ruiz-Roso, “porque según nuestro estudio los salarios de estas trabajadoras están más de un 40% por debajo de la renta media en España y más de un 29% por debajo de la renta de sus propias poblaciones, lo que hace que en algunos casos estén cercanas al riesgo de pobreza”.

Financiación de la Dependencia

Por su parte el secretario del sector Sociosanitario de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha explicado que UGT no ha firmado el VII convenio marco estatal de la Dependencia porque “está costando mucho negociar con las patronales, las grandes empresas pretenden tener chicas para todo, y aquí la perspectiva de género y la dignificación del trabajo es crucial”, ha asegurado.

Tanto Monforte como Ruiz-Roso han afirmado que las comunidades autónomas son las que están cargando con la financiación de  la dependencia y han hecho referencia al último estudio del Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales que recoge que desde el año 2011 el gobierno ha ido disminuyendo porcentualmente su aportación, pasando del 24,1% al 16,3% en el año 2017. Siendo las comunidades autónomas y los usuarios los que han asumido este esfuerzo, suponiendo en Castilla- La Mancha un 81,1% del gasto del servicio frente al escueto 16,9% que llega del Estado.  

“El Gobierno de CLM está haciendo lo que puede pero no puede ser que a estas trabajadoras los ayuntamientos les paguen en función del dinero que les llega y no según el esfuerzo y el trabajo que realizan”, ha concluido Ruiz- Roso.