En una controvertida sentencia, el Supremo modificaba su jurisprudencia anterior e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concluyendo que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

El acuerdo de suspensión de los recursos ordenada, señala la Plataforma en un comunicado,  por el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reconoce en sus propios términos, que la decisión se toma por su "enorme repercusión económica y social", sin señalar fundamento jurídico alguno que justifique esa decisión sin precedentes, según distintos juristas de reconocido prestigio.

Por eso, desde la PAH exigen que el Pleno de la Sala convocado para hoy día 5, no haga otra cosa que confirmar las sentencias ya conocidas, confirmando la obligación de los prestamistas al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al prestatario esa obligación.

Desde la PAH denuncian que, en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de que 700.000 desahucios se hayan ejecutado a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca, lo que intentan paliar con dos vías de blanqueo, presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total y legalizando los abusos bancarios en la Ley de Créditos Inmobiliarios.