El incremento del 0,25 por ciento, que tiene efectos desde el 1 de julio, estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado siempre que la economía creciera, al menos, el 2,5 por ciento.

Un incremento que se suma al del 2,25 por ciento que se aprobó para todos los empleados públicos de la Administración regional el pasado mes de enero.

De esta forma, el Gobierno de Emiliano García-Page cumple un año más su compromiso de incrementar las retribuciones de los empleados públicos al porcentaje máximo permitido por la normativa básica del Estado, tal como ha venido haciendo desde 2015.

En este sentido, cabe recordar que las nóminas de los empleados públicos se han incrementado desde entonces un 1 por ciento en 2016 y 2017 y un 1,75 por ciento en 2018, lo que sumado al incremento del 2,5 por ciento de este ejercicio, supone un aumento de las retribuciones del 6,25 por ciento en este periodo.

A estos incrementos recogidos en la normativa básica del Estado en materia de retribuciones hay que sumarle la devolución íntegra de la denominada por los sindicatos ‘tasa Cospedal’, que supuso una recuperación total del 3 por ciento suprimido en 2012 más un 0,5 por ciento adicional este año.

Además, el Ejecutivo castellano-manchego devolvió en la pasada legislatura la totalidad de la paga extraordinaria suprimida a los empleados públicos en 2012, por lo que el resultado es que las retribuciones de los empleados públicos desde 2015 se han incrementado un 13,5 por ciento.