Según ha informado el CERMI, el movimiento de la discapacidad les ha emplazado a seguir la estela del Comité de Bioética de España, que ya se pronunció en dictamen oficial hace dos semanas sobre la no admisibilidad jurídica y ética de aplicar criterios de atención clínica que no respeten los mandatos fundamentales de no discriminación por discapacidad, extensible a edad por analogía.

"En esta misma línea, se han pronunciado también el Defensor del Pueblo de España, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Relatora de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas", ha defendido el Cermi.

A su juicio, los Comités de Bioética autonómicos "han de secundar en su ámbito estas tomas de posición de derechos humanos, con dictámenes urgentes y expresos, que dejen claro el marco ético y jurídico de actuación en esta situación de gravísima crisis de salud pública".

"Han de ofrecer a los pacientes con discapacidad o edad avanzada garantías de un trato adecuado, respetuoso con los derechos humanos y el igual valor de toda vida, sin apreciaciones personales sesgadas o prejuiciosas acerca de determinados grupos sociales", ha concluido.