La finalidad de la orden consiste en poder conocer la situación de los proyectos y contratos subvencionados en materia de empleo, para que el órgano gestor de las mismas pueda adoptar las medidas necesarias que posibiliten la ejecución de dichos proyectos y contratos subvencionados, en los términos establecidos por las bases reguladoras de los mismos, según explica la Orden y recoge Europa Press.

Las entidades beneficiarias que, como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, se vean obligadas a cesar la actividad productiva o a suspender la ejecución de proyectos subvencionados, con suspensión o no de contrataciones, deberán comunicar esta circunstancia.

Una vez finalizada la duración del estado de alarma, las entidades beneficiarias deberán comunicar la continuación de los proyectos o contratos suspendidos o la situación en la que se encuentren los mismos.

Las comunicaciones previstas en este artículo afectarán a ayudas convocadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo como las destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad; las de de carácter incentivador para proyectos dinamizadores del empleo local; las del Cheque Transición; las del Programa del Retorno del Talento Joven; o del Plan Extraordinario de Empleo.

También las ayudas a la contratación indefinida y en especial de personas mayores de 45 años; las incentivadoras de la contratación indefinida; o las relativas a contratación de personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción.