"El objetivo es utilizar los fondos disponibles en el marco de los Programas de Desarrollo Rural existentes para prestar apoyo a los agricultores y a las Pymes más afectadas por la crisis y para hacer frente a los problemas de liquidez y de flujo de caja derivados del cierre de tiendas, mercados y restaurantes", han defendido.

Y es que desde ASAJA Castilla-La Mancha han explicado que el sector productor de la región ya estaba en crisis con anterioridad a la llegada de la pandemia, cuando interrumpieron el proceso de movilizaciones por la falta de rentabilidad en las explotaciones agropecuarias y que, ahora, se ha agravado aún más con el COVID-19.

Por ello, la organización agraria ha señalado que es una "oportunidad" para que Castilla-La Mancha demuestre el apoyo a los agricultores y ganaderos, y debe implementar esta medida modificando el PDR regional, estableciendo las bases reguladoras y poniendo a disposición la correspondiente cofinanciación.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura a ASAJA, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Asturias, Aragón y Andalucía ya habían manifestado su intención de utilizar esta medida, mientras que Castilla-La Mancha lo estaba estudiando. De ahí que ASAJA haya pedido al Gobierno regional "que actúe con la misma urgencia que las instituciones europeas, que han tenido una rápida respuesta para aprobar esta legislación, y que adopte y gestione la tramitación de estas ayudas para los agricultores y ganaderos castellanomanchegos".

Para su puesta en marcha, en los próximos días, el Diario Oficial de la Unión Europea publicará la correspondiente modificación del Reglamento (UE) 1305/2013 sobre el apoyo al Desarrollo Rural por parte del FEADER, después de que la Comisión adaptase su propuesta a finales de abril y el Pleno del Parlamento Europeo votase a favor el 19 de junio de 2020.

Asaja se ha ofrecido a la Consejería de Agricultura su colaboración para definir las condiciones y requisitos necesarios para recibir las ayudas, de manera que se priorice a los productores que se encuentran con mayores problemas como consecuencia de la pandemia.

La medida deberá contar con el desarrollo normativo en el que se establecerán criterios que pueden incluir a los sectores de producción, tipo de cultivo, estructuras agrícolas, tipo de comercialización de productos y la cantidad de trabajadores temporeros. Los pagos se deberán realizar antes del 30 de junio de 2021, según las solicitudes de apoyo aprobadas antes del 31 de diciembre de 2020, ha concluido explicando la organización agraria.