Toda Europa ha sufrido los estragos
del SARS-Cov-2, un nuevo virus que ha
modificado por completo nuestra forma de comportarnos en sociedad, así como
nuestra rutina o la forma de desplazarnos. Dentro de unas semanas llegará la
época en que millones de estudiantes alrededor de toda Europa empezarán un año
más a ir a clase. Sin embargo, en esta ocasión
no será un año más, la amenaza de la COVID todavía no ha cesado, sino que
parece volver.
Por ello,
en este artículo, revisaremos el impacto que el coronavirus ha tenido en
los objetivos de la UE y alguna de las estrategias adoptadas o planeadas por
diversos países europeos para estructurar el nuevo año escolar (en este caso, España y Finlandia, un país mucho menos golpeado
por la pandemia).
En el caso del país nórdico, el Instituto de la Salud y el Bienestar,
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura finlandés, publicó el pasado
4 de agosto una serie de pautas e
instrucciones que debían ser exigibles a los estudiantes, poniendo especial
énfasis en los más pequeños. Estas instrucciones tienen como objetivo reducir
el riesgo de infección en colegios y guarderías para proteger la salud de los
estudiantes y sus familiares mientras reciben un derecho tan básico como es el
de educación.
La norma finlandesa está basada en
buena parte en las instrucciones dictadas esta primavera (pues en el país
nórdico sí fue posible reanudar las clases antes de la llegada del verano) que señala,
entre otras medidas, la exigencia a padres y alumnos de no asistir a
clase si los últimos tuvieran síntomas de una enfermedad respiratoria (así lo
prevé también la española), hasta que se dilucide correctamente en un test.
También se exige mantener una
distancia de seguridad, de 1 a 2 metros, entre alumnos y evitar aglomeraciones.
Para ello, deberán modificarse las actividades
que puedan facilitar la transmisión de la COVID, gozando los profesores fineses
para ello de amplia flexibilidad y libertad a la hora de enseñar. Además, cobra especial importancia la higiene
corporal y de vías respiratorias al toser o estornudar. Si bien se exige evitar
cualquier contacto físico innecesario, considera que los docentes deberán
asegurarse que los niños reciban tanto afecto y atención como habitualmente
necesitan.
Los Gobiernos de ambos países asistirán a las instituciones en la organización de
las clases y la actividad escolar, así como introducirán enmiendas temporales
en la ley para adecuarse a la situación actual de pandemia.
Los estudiantes siguen teniendo el
derecho a la comida escolar gratis del que disfrutaban antes de la pandemia, apoyo escolar, orientación y otros
beneficios, que se consideran intrínsecos dentro de la enseñanza y cuya supresión podría dañar gravemente la calidad de la
misma. Además, los oficios que requieran de una práctica en un entorno de
trabajo deberán ser examinados a través de otras
situaciones que involucren la práctica.
Por otro lado, las pautas dirigidas para la educación
superior recogen la posibilidad de cursar el
año de manera no presencial. Si se retrasaran las clases por causas
relacionadas con el coronavirus se tendrá en cuenta esta posibilidad para no
ver dañado el derecho a la educación, al igual que la ministra ha previsto un
derecho a la no presencialidad para algunos alumnos que lo soliciten.
Desde el Gobierno de Finlandia se
ponderó en cada fase de la pandemia qué derecho era el más importante y cómo
podían o no mantenerse las restricciones en cada momento, y acabó por priorizarse el derecho a la educación de
calidad frente a una situación que cada vez iba a mejor. De esta forma, en palabras de la ministra de Educación,
Li Andersson, «No podemos continuar así (con
las escuelas cerradas) porque es epidemiológicamente insostenible, pero podemos
mantener la higiene en las aulas y asegurarnos de que tanto estudiantes como
alumnos estén a salvo».
En los países nórdicos, la costumbre
de llevar mascarilla no tiene arraigo. De hecho, el Instituto
de Salud y Bienestar finlandés no lo incluye entre sus recomendaciones. El
mismo Ministerio en su página web señala cómo en Suecia, país que ha mantenido
abiertos los colegios durante la pandemia, se reportaron 49 casos de gente menor de 20 años
por cada 100.000 habitantes, mientras que en Finlandia, que había cerrado los
colegios desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, la ratio era de
52/100.000.
Mientras tanto, en España está pendiente de celebrarse una conferencia a
finales de agosto entre los diferentes presidentes autonómicos para ultimar la
actuación frente a la vuelta a las aulas. Un acuerdo que, casi con toda
seguridad, se basará en la Orden Ministerial del
pasado 24 de junio, suscrito por todos los gobiernos autonómicos salvo
País Vasco y Madrid.
El Gobierno
español también considera imprescindibles las facilidades y las habilidades que
proporciona la educación presencial, en el
preacuerdo de junio se señala que el año
académico comenzará en septiembre y tendrá un mínimo de 175 días lectivos, en
todas las enseñanzas y niveles educativos.
Como las competencias en Educación se encuentran
parcialmente cedidas a las Comunidades Autónomas,
estas tendrán también la capacidad de elaborar planes de contingencia para los
problemas que puedan surgir relacionados con la pandemia durante el curso.
Gobierno y Comunidades se comprometen a
recuperar el aprendizaje perdido o no retenido adecuadamente por los
estudiantes por la situación del confinamiento y la rápida y, para algunos, defectuosa adaptación a las nuevas
circunstancias a través de plataformas online.
Al igual que en el caso finlandés, se pretende reducir el ratio de alumnos por aula,
como también existirá una distancia de seguridad entre los pupilos que planteará
la autoridad educativa junto con las demás pautas a las instituciones de
enseñanza. Asimismo, proporcionarán a los docentes la
información y formación necesarias para la vuelta a su trabajo y los centros, a su vez, deberán informar de las normas de
higiene que establezcan las administraciones a los estudiantes.
La brecha digital entre los alumnos y
sus familias también es un punto central en el acuerdo y corresponderá
a las Comunidades Autónomas reducirla y
garantizar que todos los alumnos reciben una
atención de calidad y aprenden los
conocimientos necesarios. Tampoco se prevé el cierre de comedores ni la
suspensión del servicio de transporte escolar.
Sin embargo, los sindicatos de
maestros han tachado de insuficientes las medidas que se plantearon el mes de junio, aunque todavía hemos de
estar pendientes del resultado de la próxima reunión.
La Unión Europea tiene
entre sus principales objetivos reducir la desigualdad y garantizar que todos
los niños europeos en riesgo de pobreza tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones que el resto. De hecho, la mejora de las condiciones educativas y
de su digitalización es otra de las prioridades, y así ha ayudado a 3,5 millones
de jóvenes al año a conseguir una formación o trabajo, como establece la
presidenta Ursula von der Leyen en las orientaciones políticas para la Comisión
Europea (2019-2024). La lucha contra la COVID
tampoco podrá parar el Espacio Europeo de Educación, previsto para 2025, una
red de universidades europeas que facilitará la movilidad entre países.
Si algo ha quedado claro este año es
que, pese a que estemos a poco de entrar en la tercera década del siglo XXI, la
educación a través de medios tecnológicos, concretamente la que requiere el
seguimiento conjunto por decenas de estudiantes, no es aún lo suficientemente
eficiente ni las familias, atrapadas en el sistema laboral español que
dificulta la conciliación familiar, lo tienen fácil para hacerse cargo de sus
hijos durante todo el día si no pueden dejarlos en el colegio mientras trabajan
y tienen que vigilarlos en su uso de las nuevas tecnologías. Tampoco todas las
familias tienen acceso a la tecnología que las clases online necesitan
(conexión a internet, ordenador…), lo que profundiza aún más la desigualdad que
tanto el Gobierno español como la UE están tratando de erradicar.
Por ello, los expertos de ambos países han llegado a la conclusión de que la educación que mejor satisface las necesidades del alumno es la presencial. Así, el hipotético daño al derecho a la integridad física y a no enfermar no se ve especialmente dañado por el derecho a la educación, porque con unas medidas higiénicas y preventivas suficientes el riesgo se minimiza y la atención a los estudiantes será de calidad.
Jesús Parra León, colaborador del centro Europe Direct Ciudad Real
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Jueves, 25 de Abril del 2024
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