En esta línea, OCU ha alertado de la "probable reducción de la competencia, ya amenazada por la reciente fusión de CaixaBank con Bankia, así como de un nuevo cierre de oficinas bancarias, especialmente en el ámbito rural". Según ha asegurado, en los últimos diez años el número total de oficinas se ha reducido al menos en un 40%, una circunstancia que perjudica especialmente a la España rural, donde abunda un usuario bancario más vulnerable y con menos acceso a la digitalización.

Es en las zonas rurales donde el nuevo banco tendrá buena parte de sus sucursales, ya que Unicaja y Liberbank sumarán más del 33% de las oficinas bancarias en once provincias: Cuenca (54%), Zamora (50%), Cáceres (50%), Soria (46%), Salamanca (45%), Córdoba (40%), Toledo (37%), Palencia (35%), Ciudad Real (35%) y Valladolid (33%).

En este escenario, OCU ha solicitado al Gobierno que garantice "una estructura básica viable" para servicios bancarios esenciales en la España interior y rural. De hecho, considera que el Estado debe valorar el servicio bancario físico como "servicio básico y universal" de modo que se garantice que llega a toda la población.