Tras una ardua negociación entre los dos socios de Gobierno, el pasado diciembre se aprobó un refuerzo de las medidas antidesahucios para extenderlas a más colectivos vulnerables. Desde el inicio de la pandemia, estas se habían aplicado a inquilinos que habían visto perjudicada su capacidad económica por el coronavirus (por haber quedado en paro o estar en un ERTE, haber reducido jornada para cuidar de otras personas u otras circunstancias análogas que conllevan pérdida de ingresos que impida hacer frente a la renta).

Con el paso de los meses esa medida se consideró insuficiente y se amplió a cualquier hogar considerado vulnerable, aunque ya lo fuera antes de la irrupción del coronavirus. El mecanismo consiste básicamente en que si los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad de los inquilinos, el desahucio se paraliza durante la duración del estado de alarma.

El anuncio se ha celebrado en la Asamblea Local de la PAH en Tomelloso que mantiene su titánica lucha contra los desahucios. Su portavoz, Leticia Casero, señalaba a La Voz de Tomelloso que "ese escudo social de proteccion contra los desahucios es fundamental para mucha gente y aunque nosotros pedimos soluciones de mucho más calado, estos tres meses de prórroga de esas medidas suponen un alivio momentáneo".

Casero ha recordado que en el conjunto del país hay unas 40.000 personas que tenían su proceso de desahucio en la última fase, o lo que es lo mismo, a punto de ejecutarse y se ha referido a casos más cercanos que la asociación trata de enderezar. "Estamos conociendo historias que te rompen como el caso de un albañil de La Solana que por un accidente laboral ya no puede trabajar. Su vivienda, que era primero de Caixabank, ahora pertenece a un fondo buitre y éstos no negocian, sino que desahucian directamente. Hablamos de una situación muy dramática para muchas personas".

La portavoz de la PAH en Tomelloso considera fundamental que se de una alternativa habitacional a las personas que se quedan sin casa. "Muchas acuden a los Servicios Sociales  y se apuntan en listas de viviendas públicas que llevan un retraso de muchos años. Y la solución inmediata que se les da al quedarse sin vivienda es estar en un hostal durante 7 u 8 días".

La PAH permanece atento al proceso de aprobación de la nueva Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados. "A nivel nacional se está presionando para que se pueda frenar el incremento de los alquileres, pero una de las cosas importantes que debe recoger la ley es la creación de una parque de vivienda pública que sea potente. En estos momentos, España es de los países que menos tiene", explica Casero.