Delegados y delegadas de UGT y CCOO en Correos en la provincia de Ciudad Real se han concentrado hoy martes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para denunciar ante la opinión pública la privatización encubierta y el desmantelamiento que está sufriendo el servicio público postal.

El lunes la concentración de ambos sindicatos en Albacete daba el pistoletazo de salida a un calendario de protestas que hoy llega a Ciudad Real, localidad en la que los delegados y delegadas allí concentrados han criticado duramente los intentos de “desguazar” la mayor empresa pública del país, recortando la plantilla, acabando con miles de puestos de reparto rural, cerrando oficinas y llevando a la empresa a pérdidas.

En la provincia de Ciudad Real la transformación es un hecho incontestable que está conllevando recortes de empleos (en Miguelturra con dos carteros menos); y el cierre de centros (la Unidad de Reparto de Torralba de Calatrava; la Unidad de Reparto de Miguelturra, este último cierre anulado por sentencia judicial; y en estudio el cierre de las Unidades de Reparto de Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava).

Los delegados y delegadas sindicales que han intervenido ante los medios han afirmado que “hoy hemos venido a denunciar y a poner en común lo que ya es un clamor: la existencia de una agenda oculta –ahora ya no tanto- para desmantelar Correos y cargarse el servicio público postal que presta, encarrilando la empresa hacia un proceso de privatización que la coloque en el IBEX como paso previo a la salida en Bolsa”. Añadían que “esto va de reconversión y va de nosotros y nosotras porque van a devaluar nuestras condiciones de vida y de trabajo. Por supuesto, CCOO y UGT –con un 70% de la representación de esta empresa- no van a participar en esta operación ni la avalarán con su silencio”.

Ambos sindicatos ponen de manifiesto la nefasta gestión del actual presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Así, frente al resto de operadores europeos –para los que la pandemia ha supuesto un fuerte crecimiento económico por el auge del comercio digital-, en España Correos tiene una previsión de pérdidas económicas de 634 millones de euros, a lo que hay que sumar la pérdida de empleo y la peor calidad de estos puestos de trabajo, con un 36 por 100 de temporalidad y un 25 por 100 de empleo a tiempo parcial.

En su opinión, se trata de un desmantelamiento premeditado en el que la dirección de Correos no tiene otro objetivo que hacer que la parte pública de la compañía no sea rentable, algo que está intentando realizar mediante estrategias tramposas como el trasvase de actividad de la matriz a la filial Correos Express; externalizando ciertos servicios rentables de la empresa; y malvendiendo el patrimonio inmobiliario histórico de Correos.

Para la Unión General de Trabajadores y CCOO este cambio de modelo de la empresa y el debilitamiento premeditado del servicio postal público obedece a las pretensiones de la dirección de centrarse en un modelo logístico puro y en abrir las puertas a una futura privatización de Correos, una privatización que –añaden- también estaría avalada por el Gobierno central, como así lo ha demostrado el tijeretazo en cuanto a financiación sufrido por Correos y es que, lejos de los 220 millones de euros acordados en la Comisión Mixta de Fomento con UGT y Comisiones Obreras en 2017, en los Presupuestos Generales del Estado se han aprobado 110 millones de euros menos.

En este sentido, los delegados y delegadas de Correos concentrados hoy en Ciudad Real han instado al Ejecutivo central a que tome cartas en el asunto e incorpore a Correos y al servicio público que presta en la agenda para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe impulsar en el primer semestre de este año. Consideran escandaloso que los directivos –de cara a la sociedad- ensalcen la importancia de lo rural y su colaboración con la España vaciada cuando al mismo tiempo están acabando con miles de puestos de trabajo en el reparto rural, teniendo que realizar los trabajadores y trabajadoras kilómetros de reparto inasumibles y vulnerando el derecho de la ciudadanía a la recepción de la correspondencia.