En la comisión están representados el Gobierno de Castilla Mancha y el de España, a través de la subdelegada del Gobierno, María Angeles Herreros y participan el director provincial del Servicio de Empleo Estatal (SEPE), Adolfo Muñiz, y representantes de la Federación de Municipios y Provincias y los sindicatos y organizaciones empresariales.

La Comisión, que se ha celebrado de forma telemática, ha aprobado la primera preasignación de estos contratos entre las localidades acogidas al plan, distribución que se realiza en función de sus cifras de desempleo y del número de afiliados al Régimen Especial Agrario. Las personas beneficiarias del plan disfrutarán de un contrato de tres meses de duración para trabajar en las obras o servicios que determinen sus respectivos ayuntamientos.

Olmedo ha destacado que el plan cuenta este año con un 11% más de fondos que el año pasado y que el número de beneficiarios es también sensiblemente superior, 993 frente a los 897 de 2020, un incremento que “pone de manifiesto la voluntad de la administración estatal por aliviar la situación de las personas en situación de desempleo temporal y, al mismo tiempo, contribuir al mantenimiento de la economía y del patrimonio y servicios de nuestras zonas rurales”.  

La asignación definitiva de fondos y de trabajadores del plan a cada localidad se aprobará en una reunión de la comisión que se celebrará en junio. Las actuaciones que planteen las corporaciones locales deberán estar en marcha a partir del último trimestre de este año.