Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional y a los ayuntamientos que no retrasen la puesta en vigor de la Ley de Cambio Climático

La Voz | Lunes, 17 de Mayo del 2021

Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno regional y a los ayuntamientos que no retrasen la puesta en vigor  de la Ley de Cambio Climático. "Recientemente aprobada, a pesar de sus carencias, plantea una serie de objetivos y medidas que obligan no sólo a la Administración General del Estado, sino también a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones locales".

Los ecologistas sostienen que Castilla-La Mancha es una región donde el cambio climático se está dejando sentir de manera muy notoria a través de la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, de la disminución de unos recursos hídricos ya intensamente sobreexplotados, del incremento de los episodios de contaminación atmosférica y de las alteraciones en los ecosistemas y en los agrosistemas.

"Desgraciadamente es también una de las autonomías más renuentes a implementar medidas de reducción de emisiones y de mitigación en aspectos tan esenciales como el transporte, la actividad agraria, la explotación hídrica y el control de las emisiones en las ciudades y de la industria".

La Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha 2020-2030 es la mejor muestra de este escenario. Aprobada el 29 de enero de 2019 "se rebeló como un documento con buen contenido técnico pero que carece de ambición en las medidas que plantea, la mayor parte de ellas de corto alcance y de carácter voluntario".

Con la aprobación de la Ley de Cambio Climático las políticas regionales en la materia quedan obsoletas y la Estrategia regional desbordada por objetivos y contenidos, lo que implica que el Gobierno regional debe proceder a su actualización.

La Ley llama desde el artículo 1 a la implicación y responsabilidad de todas las administraciones en la lucha contra el cambio climático en la medida de sus competencias. En ese sentido marca una serie de medidas que se deben de implementar de forma inmediata.

En virtud del artículo 14 punto 1, Castilla-La Mancha y sus entidades locales deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2. En virtud del artículo 14 punto 3, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer antes de 2023 zonas de bajas emisiones. En Castilla-La Mancha hay 6 en esta situación (las cinco capitales provinciales más Talavera de la Reina), y una muy cercana a dicha situación y que por razones obvias debiera sumarse, Puertollano.

Este apartado obliga también a nivel municipal a tomar medidas para facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta, corredores verdes intraurbanos, medidas de mejora del transporte público, la reducción de emisiones en el mismo, fomento de la movilidad eléctrica privada y comercial y de mejora de calidad del aire en zonas con población especialmente sensible.

Ecologistas en Acción considera que en una región como Castilla-La Mancha esas medidas debieran de aplicarse con carácter obligatorio a todos los municipios de más de 20.000 habitantes, 16 en total, y con carácter gradual al resto de localidades.

La Ley de Cambio Climático apuesta por otra parte por la participación pública en todos estos procesos mediante la creación de asambleas ciudadanas a nivel autonómico y local y la apertura de los convenios de transición justa. En Castilla-La Mancha habría que crearlos y dotarles de capacidad para que la participación sea efectiva y atendida. Además, sería preciso que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, mostrara una mayor voluntad de abrirse a la participación.

Castilla- La Mancha también tendrá que asumir su responsabilidad con la descarbonización en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que en España, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Otro aspecto clave que la Ley de Cambio Climático incluye es el de garantizar que la instalación de renovables se haga de forma compatible con la biodiversidad, evitando un impacto severo sobre los valores naturales. A nadie se le escapa que el boom de proyectos que vive Castilla-La Mancha está generando no poca preocupación por la inadecuada selección de emplazamientos y por la masificación en muchas zonas. El Miterd deberá establecer una zonificación y junto con las comunidades debe velar porque las energías renovables se desplieguen en los emplazamientos con menor impacto. Ecologistas en Acción considera que tanto a nivel estatal como autonómico debiera de haber un comité de seguimiento con participación de todo este proceso.

Finalmente la Ley prevé que antes del 31 de diciembre de 2021 Castilla-La Mancha, al igual que el resto de las comunidades deberá informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

En resumen, Castilla-La Mancha y sus ayuntamientos tienen tarea por delante y no pueden perder un segundo en acometerla. La situación de crisis climática y de la biodiversidad lo exige, pero además hacerlo ayudaría sobremanera a reponernos de la crisis sanitaria, ya que combatir la contaminación y proteger el medio natural es la mejor receta para un mundo saludable y con menos enfermedades. 

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