La mayoría de los detenidos ejercían como directivos o consejeros de empresas vinícolas o de transportes ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Madrid, Barcelona, Tarragona y Córdoba. La Guardia Civil estima que se pueden haber desviado unos tres millones de litros de alcohol que tenían como origen Italia y destino Portugal.

Los hechos se remontan a 1998 pero fueron destapados en 2000. Fueron detenidas 20 personas en las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Madrid, Barcelona, Tarragona y Córdoba por su presunta implicación en una red dedicada a la importación de alcohol ilegal sin pagar impuestos. Estos hechos fueron enjuiciados en la Audiencia de Ciudad Real en lugar del Juzgado de Penal 3.

La titular de Penal 3 ha compartido el criterio del fiscal, abogado del Estado y defensas sobre la concurrencia de la circunstancia atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas por la “extraordinaria duración del procedimiento”. Esto ha motivado la “prescripción del delito para muchos de los implicados” y, de otro lado, que los acusados se hayan visto sometidos a este procedimiento durante demasiado tiempo. De ahí, la aplicación de dicha atenuante y la rebaja de la pena en dos grados conforme al Código Penal.

La juez indica que ha de tenerse en cuenta la entidad de los hechos cometidos, la importante cantidad objeto de defraudación, el delito fiscal y la falsedad documental en concurso medial salvo en el caso de uno de los encausados. De este modo, la magistrada ha absuelto a seis procesados y ha condenado a cinco. A Vicente Q.G. le sentencia a dos años y cuatro meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública en concurso con otro de falsedad y a una multa de 9.410.750 euros. A Juan Carlos C. R. y a Luis B.M. les sentencia a dos años y cuatro meses de prisión y multa de 4.935.479. A Fernando A. P. le impone diez meses de cárcel y una multa de 2.810.959 euros y a Juan Ignacio D. P. la misma pena de cárcel por cómplice y multa de 702.735 euros, aunque sólo es responsable civil subsidiario de 3.480.215. El abogado Dámaso Arcediano ha recurrido la sentencia al mantener la inocencia del procesado que defiende.