A lo largo de 12 semanas hemos intentado abordar los colosales problemas a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años, con la idea de aportar datos y provocar un debate ciudadano sobre los cambios caóticos del clima que se están produciendo, derivados de la actividad humana. Gases de efecto invernadero (GEIs) emitidos por la actividad industrial, agraria, marítima y de la vida cotidiana han alterado el clima de manera catastrófica.

El inicio de esta serie de artículos empezaba planteando un trilema: ¿es posible seguir con el mantra de crecimiento de la economía, produciendo bienes con la consiguiente emisión de GEIs y al mismo tiempo reducir las emisiones de GEIs para mitigar el cambio climático?

El cambio del clima ya no es discutible: científicos y gobiernos de todo el planeta lo confirman. Y advierten: pasar de las energías “sucias” (carbón, petróleo y gas) a las renovables limpias (eólica, solar, hidroeléctrica…) no será suficiente si no hay cambios radicales en el sistema social: hay que modificar cómo trabajamos, cómo viajamos y cómo nos alimentamos. En España el código de la construcción obliga a instalar colectores solares térmicos en los nuevos edificios para calentar el agua sanitaria. En Inglaterra ya es obligatorio además instalar colectores fotovoltaicos suficientes para suministrar energía eléctrica a la vivienda. Puede parecer un cambio incómodo para arquitectos y constructores (no es verdad, aportan más valor a la vivienda, reducen el consumo de energía para calentarla) pero se reduce la emisión de GEIs. Para que la ciudadanía deje de considerar “incómodas” estas medidas los gobiernos deben facilitarlas, abaratarlas y convertirlas en la opción por defecto. Los gobiernos deberían tener una visión global del problema, manteniendo políticas coherentes para reducir la emisión de GEIs y todo ello con Justicia Social. No es coherente decirle a la gente que se compre un coche eléctrico y seguir subvencionando a las compañías petroleras. Hay que eliminar esas subvenciones y dedicarlas a peatonalización, a subvencionar los vehículos eléctricos y las bombas de calor, que es coherente con imponer tasas a viajeros frecuentes (cuidado, no a los trabajadores y autónomos que deben desplazarse por motivos de trabajo en días laborables). También cobrar por congestión y cobrar impuestos sobre el carbono que se emite y prohibir las prácticas y los productos más contaminantes: la Formula 1 (que ahora usa motores térmicos y eléctricos) debería pasarse a sólo motores eléctricos en un par de años, o desaparecer.

Para modificar hábitos y costumbres que nos han llevado al borde del abismo serán precisos cambios en la alimentación (con dietas bajas en carbono) y, sobre todo, cambios radicales en los modos de transporte y de movilidad. Vivir sin coche, como ya hacen muchos jóvenes (o en su defecto, cambiar a un vehículo eléctrico cuando los precios se igualen); moverse a pie o en bici para trayectos cortos; moverse en transporte público -tren sobre todo- para trayectos medios y largos…  es lo mejor que puede hacerse para reducir la huella de carbono. Y, claro, evitar al máximo posible los vuelos.

En los primeros capítulos hablamos sobre la reducción en la producción de petróleo y sus derivados –la verdadera sangre del sistema económico actual- y de materias primas imprescindibles para el estilo de vida que hemos llevado hasta ahora. Todos los expertos coinciden en que hacia el año 2.030 confluirán 4 factores que cambiarán, nos guste o no, radicalmente nuestra vida: el caos climático extendido por todo el planeta; la carestía de energía; el debilitamiento de la producción económica y el aumento hasta 8.000 millones de habitantes del planeta. Por este motivo todos los países del mundo se han reunido en Glasgow en noviembre para intentar poner orden y afrontar de la mejor manera posible la crisis global. Con poco éxito, por cierto.

La revolución robótica y de Inteligencia Artificial es otro de los desafíos a los que nos enfrentamos. La pérdida de puestos de trabajo que conllevan ya se notan: reducción de plantillas en la banca, el sector automóvil, los servicios… Confluirán 2 tendencias: la necesidad de mano de obra muy especializada, que hoy no se logra cubrir, y el exceso de trabajadores con baja o nula cualificación. La reducción del tiempo de trabajo y la implantación de una renta básica universal son las soluciones que algunos gobiernos y expertos están proponiendo.

Para afrontar el cambio climático y sus consecuencias el papel de ayuntamientos y mancomunidades será esencial. El negacionismo climático del anterior presidente USA -Donald Trump- pudo ser frenado gracias a la actuación decidida de múltiples estados y ciudades estadounidenses, que han seguido con sus programas medioambientales. Destacan especialmente California y la ciudad de San Francisco, que han implantado sistemas de recuperación de residuos, desarrollo de energías renovables y de Renta Básica Universal muy eficaces. Nuestros ayuntamientos y mancomunidades deberían dotarse de los medios técnicos y financieros adecuados para pasar rápidamente desde un modelo basado en electricidad “sucia” a la producción de energía eléctrica fotovoltaica o eólica, limpia. No valen excusas: los fondos europeos subvencionan estas energías renovables a fondo perdido con miles de millones. Instalar fotovoltaica en colegios, pabellones deportivos, escuelas municipales, etc. permitirá a los ayuntamientos ganar dinero y servir de ejemplo a la ciudadanía. ¿A qué esperan? Los ayuntamientos que se preocupan por sus ciudadanos también crean comunidades energéticas que reducen hasta el 50% las facturas de luz y gas de sus vecinos asociados.

El cambio climático traerá a nuestro país –es un decir, ya está pasando- un aumento de temperaturas y una reducción de las precipitaciones  que hará muy difícil la vida en el sur y centro de la península. Un aspecto clave para mitigar las consecuencias del cambio climático es la creación de bosques y la plantación de miles de árboles en ciudades y terrenos agrícolas. La Unión Europea subvenciona con 3.000 millones de euros este tipo de plantaciones. Ahí los ayuntamientos tienen otro frente en el que desarrollar políticas activas. Y no, no vale con poner 100 arbolitos en un día señalado: la creación de bosques urbanos y periurbanos ha de ser constante, mantenida e intensiva. Aquí tampoco valen excusas: el ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un Bosque Metropolitano que circunvalará la ciudad de Madrid a lo largo de 75 kilómetros; además de reducir las emisiones de CO2, genera una restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas.

Este tipo de bosques actúan como un cinturón ecológico, como barrera  contra la desertización e incrementan la oferta de itinerarios peatonales y ciclistas con beneficios para la salud de la población. Tampoco hay excusas que valgan: cualquier ayuntamiento mediano de nuestro país tiene capacidad para diseñar y ejecutar un plan de este tipo que, además, puede salirle gratis.

En otro de los artículos publicados a lo largo de estas 12 semanas hemos hablado del ferrocarril convencional, esa infraestructura imprescindible que a nuestros políticos locales y regionales se les ha perdido en su vocabulario. No hablan del tren, no quieren saber nada de ese asunto. Pregunten a Page por el ferrocarril convencional, les responderá que hoy hace buen tiempo. Díganle al consejero de Desarrollo sostenible (qué risa) que dónde está la red regional de ferrocarril que una todas las ciudades de más de 5.000 habitantes de la región: les dirá que en invierno hace frío y en verano calor. Diríjanse a sus diputados y alcaldes interpelándolos por el ferrocarril sostenible y le responderán que estamos en buena temporada para unas migas.  Los gobiernos de nuestros país, a todos los niveles, sufren de amnesia selectiva: en lo que se refiere al transporte de viajeros y mercancías les ha desaparecido la palabra tren convencional, lo fían todo a los coches y camiones eléctricos, una opción que, lo saben, es imposible: no hay litio, ni en la tierra ni en la luna, para sustituir por vehículos eléctricos a los más de 1.420 millones de vehículos térmicos que circulan por el globo terráqueo. En los países europeos avanzados lo ven de otra manera y, sin renunciar al coche eléctrico, renuevan sus redes férreas, potencian nuevas líneas e intentan cumplir con el mandato de la Unión Europea: en 2030, el 30% de viajeros y mercancías que hoy circulan por carretera deben pasar al ferrocarril. ¿Algo al respecto, Sr. Page, señores diputados y senadores, alcaldes varios? Al fin y al cabo es una propuesta de la Unión Europea, sí, esa que abona la PAC que Vds. se apropian y que nos regala 72.000 millones de euros para la transición ecológica.

Puesto que el transporte es el sector más emisor de GEIs, en Alemania y Francia hay propuestas para implantar una “tarjeta carbono”, cargada con el derecho a emitir X toneladas de CO2 al año, que se van descontando cada vez que viajas en avión, repones gasolina o diesel, etc. Cuando el “crédito carbono” se agota ya no se podrían comprar más billetes de avión o reponer combustible en tu vehículo hasta el siguiente año. Se cree que esto “animaría” a las personas a calcular bien cuando se usa el coche y cuando el transporte público. El “crédito carbono” sería el mismo para todos los ciudadanos, independientemente del nivel económico de cada uno.  ¿Utopía o realidad en unos años?

La educación medioambiental de nuestros jóvenes se trató en el artículo del 3 de noviembre. La formación sobre transición ecológica y Agenda 2030 será obligatoria en el programa educativo de colegios e institutos a partir del curso 2022-2023, pero los profesores no están recibiendo formación sobre este asunto. Si en el ministerio y en las consejerías de educación pretenden que este asunto se resuelva con unas pinceladas por aquí y por allá y un par de vídeos motivadores están listos. Los chicos y chicas que hoy acuden a colegios e institutos (educados en una sociedad de consumo que solo pone límites según la capacidad económica de cada cual) serán los que más sufrirán el paso a una sociedad de austeridad y bajo consumo. Reducción del consumo derivada del agotamiento del petróleo y de los recursos naturales necesarios para fabricar tanto artículo superfluo. Austeridad que no significa vuelta a las cavernas y otras tonterías que promueven los negacionistas, sino reducción del consumo innecesario y emisor de GEIs, manteniendo estándares de vida razonables. ¿Es posible vivir razonablemente bien con ropa que dure varios años, aunque “no esté de moda”? ¿Puede vivirse bien sin tener moto, sin cambiar de móvil cada año?

En la entrega del 10 de noviembre, se trató del compromiso individual en la lucha contra el cambio climático.  Está claro que la obligación principal la tienen los gobernantes que hemos elegido para que gestionen nuestros ayuntamientos, regiones o la nación. Pero debe quedar claro que sin la concienciación de la ciudadanía y de las empresas y su incorporación al reto global, poco se podrá hacer. Los gobiernos podrán legislar lo que quieran, pero las empresas son claves para resolver los retos ecológicos, sociales y económicos. Tendrán que adaptar los procesos, repensar los modelos de consumo, sea cual sea su sector de actividad, poniendo su capacidad de adaptación al servicio de la transición ecológica para garantizar su supervivencia.

La implicación de la ciudadanía será imprescindible. No solo cambiando hábitos de consumo. Caer en el desánimo no es una opción ¿Qué puede hacer uno solo frente al poder de gobiernos y multinacionales? Muchas cosas: en Francia y Europa el voto ciudadano, ha girado hacia opciones ecologistas. Las grandes ciudades francesas están gobernadas por alcaldes ecologistas de diferentes tendencias, unas más radicales otras más posibilistas. En Alemania el partido verde es un socio imprescindible en el gobierno que va a tomar el relevo la semana que viene. ¿Por qué no incorporarnos a ese movimiento europeo en las próximas elecciones locales y regionales?

En las 2 últimas entregas hemos hablado de agricultura en general y de vitivinicultura en particular. Desde la década de los 60, con la aparición de los tractores, la mecanización de las faenas agrícolas y el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, los rendimientos agrícolas se han disparado y han permitido alimentar a los 7.600 millones de habitantes del planeta (aunque 1.000 millones siguen pasando hambre). Pero el uso de pesticidas y fertilizantes ha hecho disminuir la calidad de los productos, contaminar y degradar los suelos y emitir muchos gases de efecto invernadero, además de consumir más del 70% del agua que se utiliza en el planeta.

La viticultura, esencial en regiones españolas como Castilla La Mancha, Andalucía, Rioja, Castilla y León, Valencia, Extremadura… es muy sensible a cambios en el clima. El cambio climático, con mucho más calor y muchas menos precipitaciones, puede poner en peligro el medio de vida de centenares de miles de familias. El Parlamento Europeo acaba de aprobar la nueva Política Agraria Común que, poco a poco, derivará fondos desde la agricultura de los fertilizantes y los plaguicidas derivados del petróleo hacia una agricultura más ecológica.

En Francia, Italia, Alemania… los Institutos Públicos de Investigación Agraria dedican enormes cantidades de recursos a investigar para encontrar nuevas variedades que se adapten al nuevo clima, o técnicas que mitiguen los efectos negativos del cambio climático sobre las actuales plantaciones. En nuestro país no se oye mucho sobre ese tipo de investigaciones. Cuando el consejero de Agricultura de tu región visite tu localidad, pregúntale.

Exigir a Biden a Xi Jinping o a Pedro Sánchez que generen cambios está muy bien, pero los “líderes mundiales” que pueden tomar realmente medidas inmediatas y efectivas están en nuestro propio patio trasero: alcaldes, presidentes de diputaciones, diputados y senadores, gobiernos regionales...Como ciudadanos podemos modificar nuestros hábitos, pero también influir a mayor escala en la toma de decisiones para hacer frente a la crisis climática. Hay que exigir a nuestros representantes ambición climática, asumir riesgos, enfrentarse a los lobbys del petróleo y generar cambios coherentes con lo que dicen de boquilla. Cambios más amplios que faciliten y hagan más asequibles las opciones bajas en carbono. Y votar en consecuencia.