Además los detenidos se apoderaron de documentación sensible de las empresas a fin de conocer sus datos económicos para efectuarles posteriores ofertas sobre inmuebles. 

Sin tener ninguna potestad para realizar las operaciones, llegaron a vender inmuebles a dos constructoras de la capital, ganándose la confianza de los compradores apoyados en la falsedad de los documentos que facilitaban; estos documentos pertenecían a dos importantes empresas inmobiliarias y de activos financieros, a los que los detenidos falsificaban las firmas e, incluso, en alguna ocasión, los inmuebles ni siquiera eran propiedad de estas inmobiliarias. 

Se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y descubrimiento y revelación de secretos, habiéndose lucrado con la actividad delictiva en más de 33.000 euros.