Leticia Casero, de la PAH de Tomelloso y que a la vez es portavoz de la plataforma estatal ha recordado que en el próximo 2023 la plataforma de Tomelloso cumplirá diez años “nuestro enclave estratégico nos ha permitido que no solamente atendamos a personas que tienen problemas de hipoteca en Tomelloso, sino también a personas de otras localidades. Hemos ido dando soluciones a personas ya sea ganando juicios por cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, concesión de daciones en pago, donaciones de deuda o reestructuraciones de deuda”.

Según ha explicado, uno de los últimos logros ha sido la paralización del desahucio “de una compañera que tenía programado su desahucio para el 22 de septiembre a manos de un fondo buitre de Luxemburgo que pretendía expulsarla de su domicilio, pero gracias a las gestiones realizadas hemos conseiguido paralizarlo”.

Casero ha insistido en la idea de que “los diferentes gobiernos que se han sucedido a nivel estatal solamente ponen parches a la problemática de la vivienda. Y esto ya lo veníamos diciendo antes de la situación generada por el Covid. Consideramos que el derecho a la vivienda tiene que estar a la misma altura que derechos tan básicos como los de la sanidad y la educación. La vivienda es el eje central y fundamental sobre el que se ejerce el resto de derechos. Si una familia no tiene un techo, los hijos no podrán seguir su proceso educativo con normalidad. De igual manera, si no cuentan con los suministros básicos para vivir, no se puede pretender que los miembros de la familia gocen de buena salud”.

Otro de los portavoces, Paco Morote, ha adelantado algunas de las propuestas que se llevarán a cabo en relación con la ley estatal de Vivienda. “El gobierno de coalición anunció la aprobación de la primera ley estatal de vivienda que está siendo bloqueada por el Partido Socialista.  Pero dice chocar con tres líneas rojas que para nosotros son fundamentales: la necesidad de ofrecer el alquiler social antes de interponer una demanda, una medida que se está poniendo en práctica en Cataluña y está evitando  más de mil desahucios al año. Aún así llevamos más de 52.000 desahucios en el primer semestre del año, lago que es un disparate”. Morote también considera vital que el Gobierno establezca mecanismos de control eficaces para no se disparen los precios de los alquileres y también ha considerado importante que el parque de vivienda pública se ponga a disposición de las comunidades autónomas ya que hay mucha gente en situación de emergencia habitacional”.

Finalmente, y ante el incremento del Euribor, que provocará un incremento de los pagos de las hipotecas, “es fundamental que se frene porque de lo contrario la gente no podrá seguir haciendo frente a los pagos”. 

Leticia Casero ha realizado un último apunte y ha considerado deficiente “el trato que nos ha dado el Ayuntamiento a la hora de cedernos un local. Se nos ha ubicado en un lugar al aire libre cuando se nos había asegurado lo contrario para estar más protegidos en caso de lluvia”.