La Asociación para la Legalización de Pozos, ATPs y Explotaciones Prioritarias celebró este e jueves 20 de abril,  en el Teatro ‘Marcelo Grande’, de Tomelloso  su Asamblea General. El acto contó con la presencia de  alcaldes de los municipios afectados; del director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández; del concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tomelloso, Álvaro Rubio; representantes  de comunidades de regantes y dirigentes de Partidos Políticos  como Lola Merino, del Partido Popular y David Moreno, de Vox y un importante número de agricultores que llenaron el patio de butacas y que piden soluciones a un problema que afecta a 1.600 expedientes paralizados desde el 2008 de agricultores de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca.

Los responsables de la Asociación que preside Miguel Fernández hicieron historia y denunciaron las promesa incumplidas por parte de los responsables públicos.”Queremos soluciones ya. Nos han engañado muchas veces y no podemos seguir así. No se trata de dinero, ni de infraestructuras. Sólo necesitamos un papel”.

La asamblea tuvo momentos de tensión, con duras críticas a los responsables políticos. Se informó del recurso presentado contra el nuevo plan de Cuenca, junto a las cooperativas y otras comunidades de regantes. “Pero es un recurso presentado ante el Tribunal Supremo que se puede alargar en el tiempo”, reconocieron.

Igualmente, se habló de los contadores y también de las sanciones que “lamentablemente siguen llegando. La nueva PAC será estricta con el tema del agua. Se extremaran los controles y puedes perder hasta la PAC. Nos están  acorralando como si fuéramos delincuentes”, denunciaron en medio de un clima de mucha indignación.

En la asamblea intervino,  José Joaquín Gómez, presidente de la CUAS Mancha Occidental II que expresó su total apoyo a las reivindicaciones de los afectados. “En la Confederación existe una situación de colapso que está provocando un auténtico desastre. Muchas hectáreas están afectadas por un problema que no se resuelve y nos aboca a la ruina. Esto es mucho peor que lo de Doñana”, dijo.

También haría uso de la palabra, el  candidato de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, que aseguró que “estamos ante un tema trascendental.  Hay un problema de base por una  mala regulación. Ha faltado voluntad política para resolver el problema a los mil quinientos afectados”. Moreno consideró que las “sanciones están siendo desproporcionadas” y se comprometió a trabajar por un sector primario “que no puede caer. El futuro de los pueblos de Castilla la Mancha está en riesgo”.

Por su parte,  Lola Merino, expuso en la asamblea el compromiso de Paco  Nuñez para regularizar  los 1600 expedientes. La actual portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha recordó que “llevamos ocho años reclamándolo en las Cortes de Castilla la Mancha” y  tiró de hemeroteca para demostrar “las promesas incumplidas de los gobiernos socialistas”.

Lola hizo público  su número de teléfono para atender las peticiones de los afectados, aunque desde el  auditorio le recordaron promesas de Maria Luisa Soriano, consejera de Agricultura con Cospedal “que tampoco se cumplieron”.

Tras las duras críticas recibidas, la intervención más complicada quedó para José Juan Fernández que criticó “los mítines que nos han ofrecido Vox y el PP en el día de hoy”. Aseguró conocer el problema y reconoció errores. “Si fuera competencia nuestra, la regularización de los pozos ya estaría hecha”, dijo y se mostró partidario de volver a abrir el consorcio, no politizar el asunto y “reforzar la razón que tenéis sobre los derechos del agua que utilizáis”.

Por otro lado, se comprometió a costear un estudio que demuestre que con el uso de los contadores  se ahorra agua y ofrecer datos contundentes “para demostrar el perjuicio económico que supondria dejar de utilizar el agua que tenéis ahora”. Fernández también consideró fundamental que se pongan encima de mesa los 250 millones comprometidos para la compra de derechos.