El Alto Guadiana está situado en la cabecera del mismo cauce. Un río que nace en un humedal único, como son las Lagunas de Ruidera, y que donde desaparece provoca secarrales y aridez y donde aparece fertilidad y verdor.

Paradójicamente va de menos a más alcanzando su máximo caudal en la zona más occidental, entre su parte extremeña y su desembocadura, ya en Portugal.

En la zona media-baja abastece al regadío de una de las zonas más fértiles y variadas en lo que a cultivos se refiere como son frutales, tabaco u hortícolas con importantes dotaciones de riego.

Sin embargo, nada tiene que ver en su parte alta, donde los cultivos predominantes son leñosos y algo de hortícolas y herbáceos, con unas dotaciones de riego de las más bajas de España.

A este escenario de falta de regulación y equilibrio se le añade también la falta de gestión y de inversión que precedido de una Ley de Aguas caduca y obsoleta provoca una situación límite.

El periodo cálido y seco en el que estamos inmersos actualmente, unos de los peores del último siglo, pone de manifiesto la importancia del regadío, que moderno y eficiente y utilizándolo de manera responsable es vital para la supervivencia de cultivos, el mayor activo socioeconómico y medioambiental que tiene una región como Castilla-La Mancha, donde la despoblación es uno de sus peores enemigos.

Una población donde un porcentaje importante no es consciente de que el agricultor y el ganadero no consumen agua por capricho sino por necesidad y para producir alimentos que después nos llevaremos a la boca tres o cuatro veces al día.

Toda la población deja una huella hídrica en su camino. El campesino que aguanta como nadie el impacto adverso de una climatología como la actual tiene que soportar también los efectos negativos de un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático que ataca y criminaliza a quien da de comer a una población cada vez mayor, más demandante y exigente.

Agricultores y ganaderos, que se adaptan como nadie a esta dramática situación, han modernizado sus sistemas de riego y dedican la época estival a alimentar a una población que se multiplica; han hipotecado su vida y sus ahorros para poder tener esa gota de agua que les pueda garantizar su futuro.

A agricultores y ganaderos, que en muchos casos ya se han arruinado, por diversos motivos, se les permitió planificar sus cultivos como regadío con millonarias inversiones y al final se convertirán en secano.

Cerca de 40.000 hectáreas afectadas en el Alto Guadiana, la gran mayoría por una promesa política del 2008, donde han utilizado políticamente este compromiso de manera vulgar y demagógica para reírse en la cara de miles de agricultores profesionales.

El resto, acogidos a medidas como la ampliación de superficie de leñosos, donde se les permitía ampliar superficie de riego sin aumentar los caudales, es decir, repartiendo el agua en más cubierta vegetal (una medida medioambientalmente positiva) o acogidos a un derecho de riego vía cesión entre particulares.

Ambas medidas dejando un 10 por ciento de derecho -vía peaje- para recuperación y recogidas en los propios planes ‘ideológicos’, que no hidrológicos, que apenas son capaces de llevar a cabo y que dejan miles de hectáreas sin derecho de riego que por ley tienen.

¿Quién puede soportar semejante injusticia?

¿Quién indemnizará las pérdidas ocasionadas?

¿Qué pasará con esas plantaciones a las que se les prometió el riego?

Y, por último, ¿quién se atreverá a seguir viviendo del campo ante esta total indefensión?

El agua es transparente, limpia y cristalina y si tiene color… Sin duda estará contaminada.

Dejen de utilizar el agua políticamente y aboguen por un gran Pacto Nacional de Regadío con criterios técnicos, olvidando los territorialismos y cumplan la ley, al igual que lo hacemos el resto de ciudadanos.

José Joaquín Gómez Alarcón, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II y representante de la cuenca del Guadiana en el Consejo Nacional del Agua