Así lo ha destacado Gómez durante su participación en el Plenario de la Red de Inspección Ambiental, ‘REDIA’, que ha celebrado su XXIV reunión en Toledo, una red integrada por la mayoría de las comunidades de España, y de la que Castilla-La Mancha es miembro de su Comité Ejecutivo.

En este contexto, ha “subrayado que el objetivo es muy claro; favorecer el desarrollo socioeconómico siempre desde el más riguroso respeto medioambiental, velando por la conservación y protección de nuestro territorio”.

Por esto motivo, tal y como ha explicado Gómez, “estamos analizando los diferentes mecanismos que nos puedan permitir una simplificación administrativa al objeto de reducir las cargas burocráticas y los tiempos de respuesta a quienes apuestan por desarrollar sus proyectos en nuestra región creando riqueza y empleo”.

En este sentido, la consejera ha añadido que “estamos valorando, incluso, la posibilidad de desarrollar una nueva Ley de Calidad Ambiental adaptada a los nuevos requerimientos ambientales que nos presentan las actividades o proyectos empresariales que gestionamos en la Administración”. Esta posible futura nueva normativa “nunca va a suponer un menoscabo en la conservación del medioambiente; agilidad, sí, conservación también, igual que desarrollo, pero siempre sostenible”, ha dicho.

Anfitriones de un foro de cooperación e intercambio de experiencias

Respecto al Plenario de ‘REDIA’, Mercedes Gómez, que ha estado acompañada del director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia; y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Gómez Palenque, ha mostrado su satisfacción porque la región sea la anfitriona de un foro que “promueve la cooperación y el intercambio de experiencias entre las comunidades y ciudades autónomas en materia de inspección ambiental”.

La consejera ha recalcado que “es importante reflexionar de forma conjunta sobre como las comunidades autónomas podemos digitalizar los procedimientos ambientales, con seguridad jurídica y la protección ambiental necesaria para ser más agiles en poder dar autorizaciones ambientales a las empresas y ciudadanos que así lo solicitan”.

Por último, Gómez ha concluido, señalando que en la sesión plenaria, donde se ha debatido respecto a la situación actual de la evaluación ambiental en el territorio nacional y cómo se aplican en los diferentes comunidades autónomas, “hemos hecho una puesta en común, dentro de nuestras competencias, para aunar criterios que nos permitan mejorar todos los procedimientos medioambientales que llevamos a cabo, facilitando el desarrollo socioeconómico de las regiones e impulsando, siempre en paralelo, las buenas prácticas en cada uno de nuestros ámbitos competenciales”.