Unión de Uniones cree que el proceso de movilizaciones a nivel comunitario y estatal que sacude al sector agrario ha sido desoído una vez más al seguir adelante con un marco normativo europeo que acabará traduciéndose en nuevas cargas para el sector agrario, más restricciones a su competitividad y costes de producción añadidos.

Este reglamento parte de una propuesta de la Comisión Europea de junio de 2022 encaminada a acompasar las políticas medioambientales de la UE con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas y pretende que se reparen al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050, incluidas las tierras de cultivo. Para ello plantea como medidas que podrán adoptarse la eliminación de diques y presas, reducir la intensidad del pastoreo o los regímenes de siega en pastizales, detener o reducir el uso de plaguicidas químicos, abonos y estiércol y permitir que los ecosistemas desarrollen su propia dinámica natural, por ejemplo, mediante el abandono de la explotación.

"La norma, por otro lado, no presenta un cuadro financiero explícito para atender los más de 7.000 millones de euros que se necesitaría para acometer los planes de restauración; sino que simplemente prevé recurrir a las líneas de financiación existentes y ya de por sí tensionadas en relación con los objetivos que preconizan".

Para Unión de Uniones el Reglamento ignora el papel fundamental que la actividad agraria y forestal tiene en el mantenimiento del medio ambiente y representa, otra vez, la desconfianza que los representantes políticos tienen respecto de la actividad agraria y forestal. "Estamos ante otra vuelta de tuerca ambiental para el sector" opinan ante este nuevo solapamiento de requisitos medioambientales que van a acabar agotando al sector y que se contraponen, además, con los cambios en la política agraria que demandan los agricultores y ganaderos para introducir racionalidad en las medidas en un contexto de inseguridad alimentaria y de tensión en las cadenas de suministro de alimentos.

En última instancia se ha incluido en el texto de reglamento una cláusula de salvaguarda de suspensión temporal de 12 meses que permitiría relegar los objetivos ambientales para los agroecosistemas si se diesen en circunstancias extraordinarias que reduzcan de forma importante las superficies disponibles para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE. Para la organización es mecanismo inconcreto, inoperante. "Sorprende la posición recalcitrante por parte de la mayoría de miembros del Parlamento Europeo que no es consciente de que esos acontecimientos extraordinarios llevamos años sufriéndolos años: pandemia, conflictos bélicos, tensiones inflacionistas, sequías, falta de rentabilidad, falta de relevo generacional".

La organización no entiende las medias tintas en el comportamiento de los europarlamentarios que por un lado y aparentemente, dicen ser conscientes de las enormes dificultades del sector y de que hay que moderar la presión y por otro, votan en función de intereses contrarios a la seguridad y la soberanía alimentaria comunitaria y estatal. "Y aquí tenemos a Planas defendiendo que las políticas verdes se deben hacer desde el diálogo con los agricultores y que, sin embargo, los eurodiputados socialistas españoles, y su ponente Cesar Luena a la cabeza, con todos los agricultores en contra y manifestándose en toda España por este tipo de políticas, voten en bloque este reglamento que no viene a ayudar a los agricultores y ganaderos, sino a traernos más problemas", añaden.