El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, acompañado del vicepresidente de las Cortes Regionales y diputado del GPP, Santiago Lucas-Torres, han anunciado que el próximo 14 de marzo, alcaldes , concejales y portavoces del Partido Popular en la provincia y de toda la región, , se concentrarán frente a la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo para expresar su rechazo a la Ley del Agua y a la aplicación del canon “ que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere cobrar a todos los vecinos, empresas y autónomos de la región”.

“ Se trata de un intento de meter la mano en los bolsillos de los castellano-manchegos, ha dicho Valverde “ amparándose en una directiva europea del año 2000, que en su articulado dice que puede cobrarse o no, y que en 24 años no se ha cobrado, pero que ahora el Gobierno de Page decide cobrarnos a todos los municipios porque necesita dinero”.

Si esto ya es malo, lo peor de todo, según denuncia el presidente de los populares ciudadrealeños, es que el Gobierno Regional pretende traspasar la responsabilidad del cobro a los alcaldes y alcaldesas, porque quieren obligar a modificar las ordenanzas reguladores incluyendo este nuevo impuesto y que sean los ayuntamientos los que lo cobren, y en caso de impagos que los ayuntamientos liquiden por la totalidad de este canon, “ lo que claramente es una vulneración de la autonomía de los ayuntamientos y una clara decisión recaudatoria y confiscatoria del Gobierno de Page, además de un ejercicio  de absoluta demagogia”, pues, tal y como ha recordado, cuando en 2023, y en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, quisieron implantar este impuesto, gracias a la presión del PP-CLM con Paco Núñez a la cabeza, decidieron suspenderlo, pero una vez iniciada la legislatura, el Gobierno Regional ha decidido aplicar este canon para recaudar, en principio según  dicen 38 millones de euros, pero que pueden llegar a más de 70, en 2027.

Por eso, desde el PP, como ha avanzado Miguel Ángel Valverde, además de la concentración el día 14 de marzo frente al Palacio de Fuensalida, se han presentado mociones de rechazo al canon del agua en todos los ayuntamientos de la provincia , y además, el PP a nivel regional va a emprender distintas acciones parlamentarias y se reserva la posibilidad de emprender acciones judiciales que paralicen la aplicación de este canon.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Regional y diputado del Grupo Popular, Santiago Lucas-Torres ha calificado de “impuestazo” el canon del agua y de “atropello en materia fiscal pues la Junta necesita dinero y lo va a sacar del bolsillo de las familias, de las empresas , de los autónomos y de los ayuntamientos, pues los ciudadanos vamos a pagar entre 18 y 20 euros por persona/año hasta llegar a los 33 euros”.

En este sentido, el parlamentario popular ha detallado que “ no es cierto como dicen desde la Junta que se trata de una carga fiscal pequeña, pues a una familia con 4 miembros se le van a cobrar 96 euros , a una peluquería una media de 232 euros, a un restaurante 605 euros o a una bodega 1.965 euros y en el caso de los ayuntamientos, poniendo como ejemplo el de Ciudad Real capital, van a recaudar 473.600 euros directos más 1.400.000 euros que le van a recaudar a los vecinos”.

“Esta ley, ha subrayado , solo sirve para recaudar ,porque esta ley está pensada para que lo que se recaude se invierta en garantizar más cantidad y más calidad de agua , pero no garantiza ninguna de las dos, pues en los presupuestos de la Junta de este año solo figuran 4 millones de euros de inversión para infraestructuras hídricas y la construcción de 25 depuradas, cuando solo la Diputación de Ciudad Real, para este ejercicio ha puesto sobre la mesa 7 millones de euros para renovación de redes de agua, demostrando que es la única administración valiente y la única que quiere solucionar el problema de las fugas de agua.”

Lucas-Torres , ha  concluido asegurando que “ esta ley no debería llamarse medioambiental, porque es mentira, es solo una ley  de tributos y sanciones en materia de agua, porque dos terceras partes de la misma se dedican exclusivamente a hablar de sanciones, tributos y recaudación, porque  a los ayuntamientos que no cobren el impuesto, les van a aplicar una sanción de entre el 25 y el 40%”.