Las protestas del campo que afectaron a la provincia de Ciudad Real el pasado mes de febrero, con numerosos cortes de carretera, piquetes informativos y tractoradas convocadas en su mayoría al margen de las organizaciones profesionales y sin autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno, no van a salir gratis a los agricultores y ganaderos que participaron.

De hecho, ya han empezado a llegar las primeras multas, que ascienden hasta los 601 euros. Por un lado, hay multas leves, de 200 euros, emitidas por la Guardia Civil, y por otra parte multas por infracción grave de 601 euros “por alteración de la seguridad ciudadana” tramitadas por la Policía Nacional.

Desde la recientemente creada Asociación Sector Primario Manchego (Sepriman), con sede en La Solana e integrada por agricultores de toda la provincia, el valdepeñero Vicente Garrido calcula que “podrían ser unas 80 y 100 multas” entre diferentes localidades de la provincia, pero lo cierto es que hay personas que acumulan más de una decena.

Julián Serrano: 11 multas y 4 puntos menos en el carné

Uno de esos casos es Julián Serrano, agricultor de Argamasilla de Alba, que confirma a Lanza que ha recibido en total “11 multas”, 5 suyas y 6 a nombre de su empresa, y que le han quitado 4 puntos del carné de conducir. “Las manifestaciones en la autovía no estaban autorizadas. Yo esperaba alguna multa, pero tantas no”, confiesa a este medio indignado.

Tomelloso, donde cortaron la autovía A-43 hacia Valencia, y Argamasilla de Alba, donde hubo piquetes en la carretera N-430, estuvieron a nivel nacional en el centro neurálgico de las protestas en los primeros días de febrero. Serrano señala que “en Argamasilla de Alba hemos recibido multas 30 o 35 personas” y que entre todos juntan “más de 30.000 euros”.

En el caso de Julián Serrano, la suma de las multas llega a “casi los 5.000 euros”. Cultiva cebolla, melón y sandía, en 200 hectáreas de terreno, y aparte trabaja en una empresa familiar de servicios agrícolas, forraje y vendimiadoras. Tiene contratadas siete personas fijas.

El 6 de febrero, el sector del campo decidió parar de trabajar y subirse al tractor para reivindicarse, por la falta de rentabilidad en sus explotaciones debido al incumplimiento reiterado de la Ley de la Cadena Alimentaria, los pocos controles y sanciones para garantizar los costes de producción, y por los efectos de la Política Agraria Común. La mayoría lo hicieron al margen de Asaja, Upa y Coag, aunque estas tres organizaciones agrarias organizaron sus propias protestas.

Denuncian que los hechos descritos no se corresponden con la realidad

De momento, algunos agricultores han pagado las multas, ya que tienen un descuento del 50 por ciento por pronto pago, y otros, como Julián Serrano, van a recurrir “hasta el final”. Se quejan de que los cuerpos policiales les dijeron que no iban a tener sanciones y no ha sido así. “Los guardias civiles nos dijeron que nos apoyaban, que iban de buenas”, expresan.

Además, el secretario de Sepriman indica que los hechos descritos en algunas multas no se corresponden con la realidad. Así pues, apunta que en algunos casos no son correctas las horas ni los hechos descritos. Por ejemplo, en una de ellas señalan que los agricultores de Valdepeñas cerraron los dos sentidos de la autovía de Andalucía A-4, “cuando solo fue uno”, y niega que se colocaran objetos para obstaculizar la vía.

Hay que recordar que en algunas de las protestas acudieron cuerpos especiales y de antidisturbios, como la Unidad de Intervención Policial de Madrid (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo de la Policía Nacional. “La gente está muy enfadada. Conforme estamos los agricultores, tener que pagar estas sanciones en un palo”, añade Vicente Garrido.