Durante la reunión, el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, expuso algunas cifras y testimonios para ilustrar el impacto que las ocupaciones ilegales están teniendo sobre los propietarios. Según señaló, muchos ciudadanos sufren consecuencias prolongadas que afectan tanto a su estabilidad económica como emocional, sin encontrar una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas.

En representación de la Asociación de Vecinos de Tomelloso (Ciudad Real), su presidente Josué Benavente criticó la legislación vigente, calificándola de “irracional” por, en su opinión, priorizar la protección de los ocupantes frente a los derechos de los propietarios y de las comunidades afectadas.

Entre los testimonios personales, destacó el caso de Patricia Rodríguez, quien relató su situación de vulnerabilidad durante años como consecuencia de una ocupación ilegal. Por su parte, María del Carmen Seguido, pensionista, lamentó verse obligada a seguir trabajando para afrontar los gastos que, según explicó, siguen generando los ocupantes ilegales de su vivienda. También Isidoro Sánchez expuso un caso similar.

Desde la plataforma, se valoró positivamente la celebración de esta reunión, que consideran un paso importante para visibilizar una problemática que, aseguran, continúa creciendo ante la "permisividad" de una legislación que califican como "única en Europa". La entidad reiteró su petición de una reforma legal que garantice, según expresaron, los derechos legítimos de los propietarios y una actuación más eficaz por parte de las instituciones públicas.