El Campus de Ciudad Real es del 21 al 23 de mayo sede del V Congreso
Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, que lleva por
lema ‘Salud mental y derechos humanos’. Más de trescientas personas del
ámbito jurídico, académico e institucional
participan en este encuentro que ha inaugurado el rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, quien se ha
referido al compromiso de la institución académica con la discapacidad
como una de sus “señas de identidad”.
Más de trescientas personas expertas en materia de discapacidad
procedentes del ámbito jurídico, académico, institucional y del
activismo social se dan cita desde hoy y hasta el 23 de mayo en el
Campus de Ciudad Real (casi 200 de forma presencial y el resto
online) para abordar de forma profunda y transformadora la salud
mental como una cuestión de derechos humanos. Dos cuestiones sobre las
que pondrá el foco de atención el V Congreso Nacional y II Internacional
de Derecho de la Discapacidad, que organiza
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad, en colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la asociación Laborvalía.
El rector de la UCLM, Julián Garde, ha manifestado durante la
inauguración del congreso que la participación de la institución
académica en este foro es la expresión de una universidad comprometida
con la justicia, con la igualdad y con la inclusión real de
todas las personas. En este sentido, Garde ha insistido en que el
compromiso de la Universidad regional con la discapacidad no es reciente
ni coyuntural, sino que forma parte de su política institucional, es
“su seña de identidad”.
Así, entre algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en este
ámbito, el rector se ha referido a la Cátedra de Discapacidad y
Dependencia, una iniciativa pionera en el país, financiada por la
Diputación Provincial de Ciudad Real, y que está centrada en
la formación, investigación y difusión de cuestiones relacionadas con
la normativa jurídica de protección de las personas con discapacidad.
Igualmente, ha hecho alusión al programa Incluye e Inserta, una acción
formativa profesionalizante dirigida a personas con discapacidad
intelectual que ofrece a los participantes una formación universitaria
de calidad e inclusiva, enfocada a mejorar su autonomía
y su empleabilidad. El rector ha señalado que esta actividad se lleva a
cabo en los campus de Albacete y Ciudad Real, y en la sede de la
Talavera de la Reina, y que el reto es extenderlo al resto de campus de
la institución. Él mismo, según ha explicado, ha
participado como profesor en esta “aventura” y ha asegurado que “es
mucho e importante lo que estas personas nos aportan”.
En la inauguración de la actividad, el comisionado de Congresos y
patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio Luis
Martínez-Pujalte, ha apuntado que este tipo de congresos “no son solo
para realizar reflexiones teóricas, sino también para que surjan
propuestas normativas que se lleven a la realidad”. Martínez-Pujalte ha
incidido en que esta edición está centrada en las personas con
problemas de salud psicosocial y sus derechos, “colectivo que tiene una
mayor restricción de derechos y mayor tasa de desempleo”.
El acto inaugural ha contado también con las intervenciones de la
consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Bárbara García Torijano; el alcalde de Ciudad Real, Francisco
Cañizares; el presidente de la Diputación de Ciudad
Real, Miguel Ángel Valverde; quienes se han referido a la
responsabilidad de las instituciones públicas para trabajar por
conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad y, más
concretamente, de quienes sufren problemas de salud mental.
El Congreso, dirigido por el profesor de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real Fernando Callejas, ofrecerá
conferencias, ponencias, mesas de debate y comunicaciones científicas,
centradas en el cumplimiento de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
como marco normativo esencial para repensar y renovar las políticas
públicas, sanitarias, sociales y jurídicas en el ámbito de la salud
mental.