Según el comunicado, más de 25 organizaciones feministas y sociales de Castilla-La Mancha llevan más de un año reclamando medidas concretas para asegurar un acceso equitativo y seguro al aborto en condiciones de proximidad geográfica. Denuncian que muchas mujeres deben desplazarse a otras provincias o incluso fuera de la comunidad para poder acceder al servicio, debido a la ausencia de protocolos estandarizados, la falta de información pública actualizada y la carencia de protección frente al acoso en los entornos sanitarios donde se practica la IVE.

Además, las entidades critican la falta de transparencia por parte del Gobierno regional, que —según indican— no ha ofrecido datos actualizados sobre el acceso al aborto y ha desatendido las solicitudes de reunión por parte de las organizaciones. Amnistía Internacional y Ágora Feminista aseguran que, pese a haber solicitado información a través del Portal de Transparencia en noviembre de 2024, aún no han recibido respuesta, incumpliendo los plazos legales establecidos.

Como único avance reciente, los colectivos mencionan la aprobación de un decreto para el registro de profesionales objetores de conciencia, aunque lo consideran insuficiente. El pasado 3 de octubre, convocaron movilizaciones en las cinco capitales de provincia para exigir cambios efectivos.

En el contexto del 28 de mayo, ambas organizaciones se suman al llamamiento internacional para reconocer a quienes defienden el derecho al aborto —incluido el personal sanitario— como defensoras de derechos humanos, y denuncian el estigma y el acoso que sufren estas personas en un entorno social y político que, afirman, aún penaliza el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.