Con gran sorpresa y profunda preocupación hemos recibido el vídeo que usted ha difundido recientemente a través de sus redes sociales, en el que critica abiertamente la actuación de este Ayuntamiento en relación con el proyecto de construcción de un aula de Educación Infantil en nuestro municipio.

Le recordamos que, por encima de estrategias políticas o intereses partidistas, están los niños y niñas que cada día acuden a sus centros educativos con la esperanza de recibir una educación de calidad, en entornos seguros y adaptados a sus necesidades.

Lamentamos profundamente que la defensa de su actuación se base en distorsionar la realidad, a la vez que denota un gran desconocimiento del procedimiento administrativo y de contratación pública, así como desconocer la realidad educativa de Argamasilla de Alba.

Sepa usted que nuestra localidad cuenta con una Escuela Infantil desde hace más de 27 años, primero como Centro de Atención a la Infancia y posteriormente como Escuela infantil, dotada de 4 aulas y con capacidad para 80 plazas.

Sepa también que a los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba les ha costado mucho esfuerzo y recursos económicos mantener dicha Escuela sin apenas apoyo económico por parte de la administración que representa y ninguno desde que gobierna el Partido Popular en Argamasilla de Alba.

La cronología de los hechos y los documentos que obran en poder de ambas administraciones evidencian que el Ayuntamiento ha mostrado desde el primer momento una voluntad clara de colaborar, facilitando terreno, documentación técnica y recursos, mientras que ha sido la propia Delegación de Educación la que ha prolongado los plazos, impuesto trabas técnicas y adoptado decisiones arbitrarias que han paralizado —de facto— un proyecto esencial para garantizar una escolarización digna a nuestro alumnado de Infantil.

Prueba de ello son los siguientes datos 

Firma del Convenio de Colaboración: 22/10/2024

Plazo para justificar el 50% de la obra: 01/12/2024

Como era materialmente imposible licitar, adjudicar y ejecutar el 50% de las obras en 38 días, el mismo 30 de octubre, se solicitó la prórroga del convenio, conforme establece la Cláusula UNDÉCIMA

Con fecha 27 de noviembre de 2024 se firma la citada prórroga en la que el plazo que se concede es: ejecución del 50% de obra antes del 1 de marzo y del otro 50% antes del 30 de mayo, con justificación total antes del 30 de agosto. 

 Miente al decir que se han dado todas las facilidades para que el proyecto saliera adelante y ello es así, porque teniendo posibilidad de ampliarlo hasta el 31 de diciembre, la prórroga que se concedió para la ejecución de las obras fue hasta el 30 de mayo. 

Pero lo más grave de su actuación es la forma tan burda en la que esa Delegación ha gestionado esta subvención.

Sabemos perfectamente que el proyecto fue informado desfavorablemente por la unidad técnica de esa Delegación con fecha 29 de enero. Estas fueron las conclusiones del informe:

Ese mismo día se remitió la subsanación de las deficiencias y la respuesta de la unidad técnica fue:

 El proyecto subsanado con las deficiencias observadas y visado por el colegio fue remitido a esa Delegación el 25 de marzo. 

Adjudicadas las obras y formalizado el contrato con fecha 3 de abril se emplaza a las partes a la firma del inicio de las obras y es en ese preciso momento cuando la Unidad Técnica de la Delegación sorpresivamente y de forma caprichosa se saca de la chistera que hay que cambiar el aula de ubicación y aparecen nuevas deficiencias que no se había puesto nunca antes de manifiesto.

Este cambio de ubicación unido a nuevas deficiencias detectadas ajenas a la obra en sí misma suponía un incremento del coste de ejecución en cerca de 60.000 euros para este nueva aula, una edificación en planta baja de 65 m2 de superficie útil, cuyo presupuesto total alcanzaría los 263.836,22 euros. Dado que la dotación máxima por plaza a subvencionar podía alcanzar los 12.073,79 euros, se solicitaba a la Delegación se aumentase la subvención hasta los 241.475,80 euros, habida cuenta de la existencia de remanente de crédito en esa Delegación para estas actuaciones.

Por otro lado, ante la envergadura de la modificación que suponía un sobrecoste cercano al 28% de la obra, los plazos de ejecución limitados al 30 de mayo y de justificación al 30 de agosto, la demora en redactar el modificado del proyecto y la imposibilidad material de la empresa de ejecutar las obras en los plazos previstos (3 meses) debido al incremento de las nuevas actuaciones, el ayuntamiento se ve en la obligación de solicitar una nueva prórroga para la ejecución de las obras hasta el 30 de agosto de 2026.

Este ayuntamiento ya manifestó su interés de ejecutar las obras, el propio Convenio permitía su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales y únicamente se solicitaba una prórroga de 8 meses. Entendemos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha actuado de forma irresponsable si, tal y como se ha venido trasladando, ofreció un convenio con posibilidad de ampliación hasta un periodo de cuatro años, sin que existiera la voluntad o la capacidad real de hacerlo efectivo. Este tipo de actuaciones generan una grave inseguridad en las entidades locales y comprometen la adecuada planificación y prestación de servicios fundamentales para nuestros vecinos y vecinas.