Aunque Castilla-La Mancha no figura entre las comunidades más afectadas por la proliferación de viviendas de uso turístico, el sindicato advierte que en ciertas zonas de la región ya se están detectando problemas derivados de este modelo. En ese contexto, UGT considera positivo que desde el pasado 1 de julio sea obligatorio que estas viviendas cuenten con un número de registro para operar en plataformas digitales, indicando si el alquiler es por habitaciones o completo. Esta medida busca frenar el crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos y evitar el uso especulativo de la vivienda.

Sin embargo, el informe pone el foco en otra consecuencia menos visible: la generalización de un modelo laboral basado en la economía sumergida. UGT estima que en España al menos 10.900 personas estarían trabajando sin contrato en la limpieza de viviendas turísticas, lo que supondría una pérdida superior a los 35 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social.

El sindicato denuncia que muchas empresas gestoras de estas viviendas incumplen de forma deliberada el artículo 4 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que incluye expresamente a las viviendas de uso turístico en su ámbito funcional. En lugar de aplicar el convenio colectivo de Hostelería, se recurre a convenios inadecuados o directamente a la contratación informal, dejando a las trabajadoras —en su mayoría mujeres migrantes— en una situación de absoluta vulnerabilidad.

UGT reclama una vigilancia más efectiva de la normativa vigente, así como la aplicación real de los convenios colectivos del sector hostelero, para garantizar condiciones de trabajo dignas y frenar la expansión de un modelo laboral precario que amenaza con consolidarse en paralelo al auge del turismo.