Los agentes afectados, miembros del cuerpo de guardas fluviales encargado de proteger los ríos, acuíferos y ecosistemas asociados, están siendo hostigados por individuos vinculados a actividades ilegales, como extracciones masivas sin concesión, uso fraudulento del agua o vertidos contaminantes. Estos ataques, señala el colectivo ecologista, se vienen produciendo desde hace años y han alcanzado un nivel de gravedad que pone en riesgo su integridad física y la de sus familias.

“Es inaceptable que quienes destruyen el medio ambiente actúen con total impunidad mientras quienes lo defienden son amenazados”, ha afirmado Ecologistas en Acción, que ha exigido medidas inmediatas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, la CHG y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, la organización señala directamente a las autoridades de Castilla-La Mancha, partidos políticos y entidades que presionan para regularizar pozos ilegales en el Alto Guadiana. Según afirman, esta actitud institucional “da alas a quienes cometen ilegalidades” y mina el trabajo de los agentes medioambientales.

Ecologistas en Acción recuerda que cualquier amenaza, coacción o agresión a empleados públicos en el ejercicio de sus funciones constituye un delito tipificado en el Código Penal y exige que sea perseguido con la máxima contundencia.

En este contexto de emergencia climática y ambiental, con acuíferos del Guadiana en situación crítica por la sobreexplotación, el grupo ecologista reclama un refuerzo urgente de medios humanos y materiales para la vigilancia ambiental, así como una apuesta decidida por el cumplimiento de la legalidad en la gestión del agua.

“La ciudadanía tiene derecho a un medio ambiente sano, y para ello es imprescindible que se proteja a quienes lo defienden y se sancione a quienes lo destruyen”, concluye el comunicado.