El incendio se inició el 16 de julio de 2005 por una barbacoa mal apagada y arrasó más de 13.000 hectáreas del Parque Natural del Alto Tajo. Pero lo que convirtió una tragedia ecológica en un crimen político fue la gestión absolutamente negligente por parte de la administración socialista.

Según testimonios de los familiares y las investigaciones judiciales, los fallecidos fueron enviados a una zona sin conocimiento previo del terreno, sin medios adecuados y con un fuego descontrolado que incluso había obligado a los medios aéreos a retirarse. Lo ordenó el jefe de Coordinación Provincial, siguiendo la línea jerárquica del gobierno regional. Como recuerda un reportaje de ABC que hemos podido leer este fin de semana, ninguno de los doce trabajadores tenía la preparación necesaria y algunos ni siquiera habían realizado un cursillo básico. La improvisación, la falta de medios, y la irresponsabilidad de mandar a un retén a una zona de altísimo riesgo costaron la vida de once personas.

El entonces presidente Zapatero zanjó la tragedia con una frase vergonzosa: “Se metieron en una zona de riesgo, vino una racha de viento y plaf”. Así, se culpó a los muertos, como si hubieran tomado la decisión de jugarse la vida por capricho. Y lo más grave: se impuso el silencio institucional. No hubo llamadas a las familias. No hubo duelo oficial. No hubo reparación emocional. Solo hubo un objetivo político: proteger al PSOE y su imagen pública, tapar la gestión deficiente y desactivar el escándalo. Lo llamaron el “Prestige del PSOE”, pero aquí sí hubo víctimas mortales.

Las familias fueron humilladas y acusadas de politizar la tragedia simplemente por pedir explicaciones. Se manifestaban cada día 17 del mes y desde las ventanas de la Delegación de Medio Ambiente se reían de ellas. Esas viudas y esos hijos no han recibido ni una vez la frase que cualquier ser humano necesita: “Nos equivocamos. Lo sentimos”.

El PSOE impuso su mayoría en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla-La Mancha para concluir que “todo se hizo bien”. Mientras tanto, los informes periciales, las grabaciones del 112 y los testimonios revelaban una verdad muy distinta: descoordinación, falta de medios, formación inexistente y abandono institucional. Hasta Google Maps tardó 20 años en identificar correctamente el lugar donde murieron estos héroes. Hoy, el monumento que les recuerda sigue lleno de maleza. Si no fuera por las familias, ya estaría sepultado por el olvido, igual que lo han querido hacer los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha.

Veinte años después, el PSOE aún no ha tenido la dignidad de pedir disculpas. Ni Emiliano García-Page como actual presidente regional, ni ningún responsable socialista ha asumido públicamente aquel error. Lo más fácil sería decir: “Nos equivocamos. Perdón”. Pero para eso hace falta decencia política.

La memoria de los once fallecidos exige justicia, verdad y reparación, no silencio, ni manipulación. Castilla-La Mancha no puede permitir que se reescriba la historia con propaganda, ni que se entierren responsabilidades políticas bajo discursos vacíos. La memoria no se apaga como un fuego; se aviva con verdad. 

Santiago Lucas-Torres Casero

Diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha