La coexistencia de dos reglas fiscales diferentes es ya una anomalía en sí misma, puesto que éstas no son consistentes entre sí (la regla de gasto nacional es más restrictiva que la europea hasta 2028 y, a partir de ese momento, se invierten) por lo que AIReF recomendó (el Gobierno no lo ha hecho) aprovechar la transposición de la directiva europea para resolver esa inconsistencia y garantizar la eficacia del marco fiscal vigente.  En el Informe 2025 reitera esa recomendación que la ministra de hacienda debería cumplir a la mayor brevedad posible. Siendo grave el incumplimiento en 2024, la situación fiscal ha empeorado aún más en 2025, ya que el Gobierno ha incumplido por segundo año consecutivo su obligación constitucional de aprobar presupuestos, prorrogando nuevamente los PGE aprobado en 2022 por unas Cortes Generales con unas mayorías diferentes a las actuales. 

"Además, se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa en 10.471 millones de euros totalmente al margen del Parlamento, incumpliendo el artículo 4.1 de la Le Orgánica 5/2005, de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece que a las Cortes Generales les corresponde aprobar las leyes relativas a la defensa y lo créditos presupuestarios correspondientes", denuncian.

 Sin Presupuestos Generales del Estado y colando el gasto en defensa por la puerta de atrás, amparándose en una cláusula aprobada para facilitar la gestión durante la pandemia y sobre cuya vigencia hay serias dudas legales, no solo se desprecia al Parlamento sino que también se dificulta la función de control fiscal de la Autoridad Fiscal Independiente, tal y como denuncia ésta en el citado informe; estas quejas se suman a las realizadas semanas antes, cuando la AIReF pidió amparo a la Abogacía del Estado por las injerencias del Gobierno en sus informes y en su actividad. Estas trabas no han servido para ocultar que el Gobierno va a volver a incumplir las reglas fiscales en 2025, al exceder el gasto de la Administración Central en 5.600 millones de euros, lo que tiene importantes implicaciones legales ya que obliga al Gobierno a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) similar al que el Ministerio de Hacienda exige a las CCAA que también se desvían de sus objetivos.

 "El Gobierno que presume de transparencia no puede poner más trabas a los organismos independientes como AIReF ni a las Cortes Generales en su función de control presupuestario, incumpliendo varias leyes vigentes, incluida la Constitución Española por su negativa a aprobar PGE, parece que por tercer año consecutivo", alertan. Ni siquiera la ministra Montero ha sido capaz de aprobar los objetivos de déficit y deuda que deberían marcar el inicio de los trabajos de los presupuestos para el año 2026.

 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado esta semana (20 de agosto) que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a resolver la inconsistencia entre el marco fiscal nacional y el europeo, dejando una única regla fiscal que garantice el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales. También a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) de la Administración Central, vigilando su ejecución y coordinación para cumplir con las reglas fiscales. Asimismo, pide información detallada sobre la implementación del Plan de Seguridad y Defensa, tanto en términos presupuestarios como de contabilidad nacional y, finalmente, que se inicien a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, empezando por aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.