La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha y con presencia creciente en la empresa privada, promueve la Jornada Mundial por el Trabajo Decente defendiendo unas condiciones laborales dignas, salarios justos, seguridad y protección social.

CSIF pone el foco en la desigualdad salarial que sufren los trabajadores de la región. El salario medio en Castilla-La Mancha es 21.304 euros/año (1.775,3 euros/mes), lo que supone 2.087 euros menos que la media nacional (23.291 euros), de acuerdo a los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria. Contamos con el quinto salario más bajo del país, por detrás de Extremadura (18.344 euros), Andalucía (19.618 euros), Murcia (20.552 euros) y Canarias (20.709).

A ello se suma que en el periodo 2022-2024 la inflación media acumulada en España fue del 14,7%, pero en la región subió al 16,4% provocando el empobrecimiento generalizado de toda nuestra sociedad mientras los salarios crecían a un ritmo totalmente insuficiente para hacer frente a todo el poder adquisitivo perdido. De hecho, Castilla-La Mancha sufrió durante 2021 y 2022 la inflación más alta de toda España.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, señala que “queremos aprovechar esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente para recordar que en nuestra comunidad autónoma seguimos muy lejos de alcanzar este objetivo. La realidad laboral de nuestra región está marcada por los salarios bajos, la temporalidad, la precariedad y la desigualdad, tanto en el sector público como en el privado. El trabajo decente no puede ser un lema, tiene que ser una realidad. Y en Castilla-La Mancha aún queda mucho por hacer. No queremos más mensajes vacíos: queremos hechos, negociación y compromisos firmes para recuperar derechos y dignidad en el trabajo”.

Y las desigualdades salariales también se trasladan al género: la brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en 2023 en el 18,73% en Castilla-La Mancha. Según el último informe del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lejos de reducirse, la brecha se estabiliza. El salario medio para las mujeres de la región, de 18.900 euros, es el cuarto más bajo de toda España, por detrás de Extremadura, Andalucía y Murcia, y muy lejos de la cifra media nacional: 21.298 euros.

A ello hay que sumar también las diferencias en la contratación: firman menos contratos indefinidos y son mayoría en las jornadas parciales. En septiembre, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, los contratos indefinidos a tiempo completo se situaron en el 34,4% para las mujeres, mientras que coparon el 73% en las jornadas parciales. Además, son ellas las que copan los contratos temporales, tanto a tiempo completo (56,5%) como a tiempo parcial (65,3%).

La terrible siniestralidad, la debilidad en los mecanismos de protección social (el trabajo no garantiza la estabilidad, hasta el 34,2% de la población de la región se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social), los riesgos psicosociales, el exceso de jornada y el estrés laboral son otros factores muy importantes que atañen indudablemente a la calidad del trabajo. 

EMPLEO PÚBLICO

Los empleados públicos arrastran una pérdida retributiva superior al 20% desde 2010; es prioritario negociar una subida salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década. Sin embargo, el Gobierno central continúa bloqueando la negociación y se ampara en la falta de Presupuestos para abordar un incremento en este 2025. 

Y la precariedad tampoco escapa del empleo público, donde el 33,5% de los trabajadores en la región son temporales: más de 17.500 en la sanidad, más de 11.600 en las administraciones locales o más de 9.500 docentes interinos.  En total, hay 46.771 empleados públicos temporales en la región. 

Este porcentaje es un buen ejemplo del abuso que han realizado las administraciones públicas de la temporalidad, que alcanza niveles desproporcionados: uno de cada tres empleados públicos tiene una relación temporal con la Administración. Se está muy lejos del objetivo del máximo del 8% de temporalidad, tal y como marca la Ley en el empleo público. 

En cuanto a derechos, continuamos con la carrera profesional paralizada en el Sescam siendo la única comunidad autónoma que tiene este derecho congelado; en Educación, sólo cobran el verano los interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso. Asimismo, la falta de trabajadores provoca sobrecarga laboral; el Plan de Acción Social, instaurado en 1988, continúa eliminado desde la época de Cospedal, y hay problemas en el acceso a la nueva regulación de la jubilación parcial, entre otros puntos.