La diputada Carmen Fúnez, y el diputado Enrique Belda, que representan a Ciudad Real en el Congreso, han registrado acompañados de otros representantes que trabajan en su área social (Carmen Fúnez es, además, la responsable nacional del Partido Popular en la materia) una proposición de ley para combatir la exclusión por razón de la edad.

“La edad es una de las primeras características que observamos en otras personas. El edadismo surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia y menoscaban la solidaridad intergeneracional.”, explican los parlamentarios.  

El edadismo perjudica nuestra salud y bienestar y constituye un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces y la adopción de medidas relativas al envejecimiento saludable, tal como reconocieron los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud, y en el Decenio del Envejecimiento Saludable (2021-2030). El edadismo tiene una gran prevalencia, está profundamente arraigado y tiene una aceptación social mayor que otras formas de sesgo. “Aunque este tipo de discriminación se da en todas las edades, es habitual en personas mayores. A veces resulta complicado identificar situaciones de discriminación por edad, porque son tan absolutamente cotidianas que no se consideran discriminaciones, precisamente porque tenemos una imagen social que justifica, bajo una apariencia de atención y de cuidado, lo que en realidad es una discriminación.”, advierten.

El edadismo es un problema multidimensional que se manifiesta a través de estereotipos (pensamientos), prejuicios (sentimientos) y discriminaciones (acciones) hacia las personas, asociados a la edad, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la forma de pensar, sentir y actuar con respecto a los demás en función de la edad que tienen. Es un fenómeno que está presente, de forma aceptada y naturalizada, en casi todos los ámbitos de la sociedad y del que conviene estar alerta en sus diferentes formas para tomar conciencia de ellas y poder combatirlas ya que tiene consecuencias graves y amplias para la salud y el bienestar de las personas ya que se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social, una mayor inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras. Este tipo de discriminación se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico.

“Si nos centrásemos en el ámbito laboral, menos de 1 de cada 4 empleos son para mayores de 45 años. Los parados de más de 59 años representan el 17% del total, los de más de 55 años el 32,8% y los que superan los 50 años casi la mitad del total, el 45,8%. En cambio, los mayores de 59 años sólo logran el 3,8% de los nuevos contratos, los de más de 55 el 9,6% y los de más de 50, el 18,1%.”, denuncian.

En resumen, el edadismo sigue lastrando a los sénior y enquista el desempleo de los mayores de 55 años, el cual no baja del medio millón de personas con cifras similares al pasado año. Si hacemos referencia a las mujeres las cifras son, si cabe, más inaceptables todavía ya que suponen más del 50% del desempleo sénior. Seis de cada diez tienen más de 45 años, diez puntos porcentuales más que los hombres. Los mayores a menudo, siguen afrontando prejuicios sobre su capacidad de adaptación, sus competencias digitales o su flexibilidad, que merman exponencialmente sus oportunidades profesionales.

Otras formas de edadismo extendidas son el uso inadecuado del lenguaje. Gran parte de la sociedad tiene una visión negativa de la vejez y del envejecimiento. Los mayores sufren discriminaciones en sanidad, en el empleo, en el acceso a la justicia, en la educación, en la participación pública y, en el peor de los casos, hasta violencia y maltrato. En resumen, el envejecimiento de la población y los importantes cambios demográficos se convierten en todo un reto de nuestra sociedad y su complejidad requiere respuestas específicas y coordinadas, así como un abordaje global por parte de los poderes públicos.

La Unión Europea, en el marco del artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales, reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, al tiempo que, en el artículo 34.1, reconoce y respeta también el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la vejez. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 21/23 referente a los derechos humanos de las personas mayores, donde se insta a todos los Estados a garantizar los derechos de este grupo social y dar un paso adelante en la lucha contra la discriminación por edad. En el ámbito estatal, el artículo 9.2 de la Constitución Española establece la obligatoriedad de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como la facilitación de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por otra parte, el artículo 50 recoge que los poderes públicos deben mantener la suficiencia económica de los ciudadanos y ciudadanas mediante pensiones adecuadas y actualizadas, además de la promoción del bienestar por medio de un sistema de servicios sociales que debe atender los problemas de salud, vivienda, cultura y ocio, entre otros.