El especialista en Tecnologías del Medio Ambiente critica que no exista información pública del proyecto, advierte de impactos en la calidad del aire, el agua y la agricultura local, y afirma que el modelo planteado no responde a la verdadera economía circular.

Máximo Florín Beltrán (Ciudad Real, 1972) es profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con más de dos décadas de experiencia en investigación sobre contaminación atmosférica, tratamiento de residuos y calidad de aguas, se ha convertido en una referencia científica en materia de impacto ambiental. Ha participado en proyectos europeos relacionados con la gestión sostenible de residuos y es autor de numerosos artículos sobre digestión anaerobia y emisiones de metano. Divulgador habitual en foros y jornadas técnicas, se caracteriza por un discurso riguroso y una defensa férrea del principio de precaución. En esta entrevista telefónica con La Voz de Tomelloso, analiza en profundidad la macroplanta de biometano proyectada en el municipio.

En plena polémica por la futura planta de biometano en Tomelloso, el profesor Máximo Florín expone las claves del debate: ausencia de información pública, dudas sobre la procedencia y destino de los residuos, riesgos para la salud y el agua, y un modelo que —dice— no es economía circular, sino un negocio energético que deja el 95 % de los residuos transformados, no eliminados. Con estudios científicos en la mano, invita a abrir una conversación basada en datos contrastables.

—Para empezar, ¿cómo se presenta ante los vecinos de Tomelloso?

—Me llamo Máximo Florín Beltrán, soy profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Llevo muchos años estudiando contaminación y gestión de residuos. Y lo primero que quiero dejar claro es que yo no estoy en contra del biometano ni del progreso, ni mucho menos. Es una tecnología acreditada y ampliamente extendida en Europa. El problema no es la tecnología, sino cómo se implanta y a qué escala.

—Entonces, ¿usted considera que no es conveniente que Tomelloso tenga una planta?

—Yo no he dicho eso. Lo que digo es que no puedo evaluar el proyecto porque no existe información pública, algo que el propio manual de buenas prácticas del Ministerio —el del IDAE— exige “desde el minuto cero”. No tengo más datos que los que han salido en prensa, y eso es insuficiente para un análisis serio. El primer problema es la opacidad.

—Los promotores y el Ayuntamiento han hablado de “planta”, mientras otros hablan de “macroplanta”. ¿Cuál es el término correcto?

—El término correcto es macroplanta, y no porque queramos dramatizar, sino porque el volumen de producción energética la sitúa en esa categoría. Son instalaciones de gran escala, muy superiores a las plantas pequeñas y cooperativas que vemos en Francia o Alemania.

—Usted insiste en que su función principal no es eliminar residuos.

—Es que no lo digo yo: lo dice Veolia, líder mundial del sector. Solo un 5 % de los residuos que entran se transforman en biometano. El 95 % restante es digestato, un residuo que debe gestionarse de forma muy clara: o vuelve a quienes lo produjeron o se expande sobre los campos. Y esto último es lo que está ocurriendo en proyectos de la misma promotora en otras localidades.

—¿Y eso no sería economía circular?

—En absoluto. La verdadera economía circular es la que vimos en Normandía: una planta propiedad de 38 agricultores, donde los residuos son locales, el digestato tratado vuelve a sus tierras como fertilizante y el biometano lo consumen ellos mismos. En España, sin embargo, lo que se proyecta son instalaciones energéticas que importan residuos de múltiples municipios y luego dejan el digestato aquí. Eso no es economía circular de ninguna manera.

—El Ayuntamiento sostiene que la planta funcionará mayoritariamente con residuos del sector agroalimentario de Tomelloso: vinazas, restos agrícolas…

—Los números no cuadran. El inventario regional de residuos indica que en Tomelloso hay 52.000 toneladas anuales de vinazas, no 105.000 como se ha dicho. Incluso sumando las aguas residuales de bodega, no llegamos a esa cifra. Así que algo falla: o se traerán residuos de fuera, o se están dando datos inexactos. Y lo que uno no puede ser es como el gato de Schrödinger, que “a la vez trae residuos de fuera y no los trae”.

—¿Sería rentable la planta si solo trabajase con residuos locales?

—Hay plantas pequeñas en Europa que son rentables, sí. Pero no tienen estas dimensiones. Cuando hablamos de rentabilidad de una macroinstalación hay que distinguir entre ganar dinero —que es legítimo— y especular. Y por desgracia, en este sector hay mucha especulación.

—Una cuestión que preocupa es la reputación de la empresa promotora.

—Lo que sé es que se trata de una sociedad limitada con un capital social inferior a 3.000 euros. Técnicamente, esto se conoce como “empresa pantalla”. Si yo necesito reparar la caldera de mi casa, no llamo al técnico que tiene sanciones o antecedentes por malas prácticas. Pues aquí debería pasar lo mismo: la reputación importa muchísimo.

—Vamos a los riesgos ambientales. La empresa asegura que no habrá filtraciones ni olores.

—Primero, el aire. Hay estudios que demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena del biometano son equivalentes a las del combustible fósil, no porque dentro de la planta haya trampas, sino por fugas en diferentes puntos del proceso. Eso significa que la descarbonización, hoy por hoy, no existe.

Además, los operarios de estas plantas están sometidos a riesgos muy graves. En enero de este año, en Polán (Toledo), un operario sufrió quemaduras muy severas. Y hay estudios sanitarios que indican que a 5 km aumenta el riesgo de enfisema, y a 10 km las visitas a urgencias por problemas respiratorios.

—La planta estaría a unos 15 km del casco urbano…

—Sí, pero es que en La Mancha siempre hay otro municipio a 5, 8 o 10 km en alguna dirección. Arenales está a 5 o 6 km, Pedro Muñoz a 8 o 9, Campo de Criptana igual… ¿La salud de quién valoramos? ¿Solo la de Tomelloso, o la de la gente que vive alrededor?

—Ha mencionado también impactos en la agricultura.

—Claro. Los olores y compuestos que se liberan —desde los contenedores, en los trasvases o por el digestato aplicado en campo— afectan a los productos agrícolas. Un agricultor me preguntó: “Si el pistacho abre la cáscara, ¿podría afectarle el olor?”. Sí, puede. No lo digo yo: las denominaciones de origen de Toro, Ribera y Rioja se han opuesto frontalmente a plantas similares por el impacto en la reputación de sus vinos.

—Pasemos al agua. ¿Cuál es el principal riesgo?

—Que el digestato puede agravar la contaminación por nitratos. El 50-60 % de los nutrientes se pierde hacia la atmósfera o las aguas. Y Tomelloso —todo el municipio— es zona vulnerable según la directiva europea. España fue sancionada el año pasado por no cumplirla, y Castilla-La Mancha estaba entre las siete comunidades incumplidoras. Si aumentamos los nitratos, habrá restricciones a la fertilización y aumentará el coste del agua potable.

—¿Y para el suelo?

—Los agricultores saben perfectamente cómo funciona la economía circular: llevan siglos usando estiércol o restos de poda. Pero el digestato no es un fertilizante. Requiere un tratamiento previo, aplicarse solo en determinadas épocas y en la zona de raíces. No se puede usar en otoño en ciertos cultivos, ni segar pastos antes de 15 días tras su aplicación.

—¿Cuánto digestato generará una macroplanta así?

—Si el 5 % es biometano y el 95 % es digestato, estamos hablando de que casi toda la materia va a parar a algún sitio. ¿Volverá a quienes generan los residuos? ¿Se extenderá en los campos? ¿Tiene Tomelloso capacidad y necesidad de asumir semejante volumen? Esa es la gran pregunta.

—Usted ha dicho que el verdadero problema es la escala.

—Exacto. El biometano es limpio y verde… a pequeña escala. Igual que beber un vaso de vino es sano, pero beberse dos botellas no lo es. En Francia y Alemania hay miles de plantas pequeñas, cooperativas. En España, en cambio, vamos hacia macroplantas que centralizan residuos de toda la región. Y eso tiene consecuencias ambientales muy distintas.

—Hablemos de alternativas.

—La primera de las siete R es reducir. En casa ya separamos residuos en distintas bolsas; sin embargo, en algunos proyectos de biometano se mezclan residuos incompatibles. En Valdepeñas, por ejemplo, se plantea usar lodos de depuradora urbana, que suelen contener metales pesados. ¿Qué agricultor quiere eso en su parcela?

Para las vinazas, la literatura científica es clarísima: la técnica adecuada suele ser fermentación aeróbica para producir etanol, no biometanización. Y para los alperujos, la mejor técnica es el compostaje, que produce un fertilizante seguro.

—¿Cree que la administración está teniendo en cuenta estos criterios?

—No lo parece. La ley obliga a separar y tratar cada residuo en origen. También rigen los principios de “quien contamina paga” y recuperación de costes. Si se socializan los costes del tratamiento, alguien lo pagará en la factura. Y no parece que los proyectos respeten siempre estos principios.

—Por último, ¿por qué cree que se está vendiendo la planta como “energía limpia” sin matices?

—Porque lo es, pero solo a la escala adecuada. En España tenemos tanta producción de energía renovable —fotovoltaica sobre todo— que ni siquiera podemos gestionarla. No somos Alemania. Aquí el debate no es si queremos energía limpia: es qué modelo de gestión de residuos queremos y qué impactos asumimos.

Lo que yo pido es información pública, participación ciudadana y datos verificables. Sin eso, el debate se convierte en propaganda. Y los vecinos de Tomelloso merecen transparencia.