El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana el proyecto de ley para la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, un proyecto que viene a asegurar que todas las personas tengan garantizado su acceso a los medicamentos y a una atención farmacéutica segura y de calidad. Así lo ha explicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha incidido en que no es “un mero cambio técnico”, sino que muchas medidas que recoge van dirigidas a que las farmacias no desaparezcan de los pueblos, sobre todo, de aquellos con más riesgo de despoblación.

En primer lugar, esta reforma pondrá al día la normativa para adaptarla a los cambios que se han producido a nivel estatal, de manera que, como ha señalado la consejera, “aseguramos que el sistema farmacéutico de Castilla-La Mancha funcione con las mismas garantías que en el resto del país”. Esto resulta especialmente relevante en ámbitos sensibles, como las unidades de Radiofarmacia, que ahora disponen de un capítulo específico que define con total claridad sus requisitos y funciones, tal y como ha señalado la portavoz.

Otro aspecto clave es la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios, de manera que se puedan crear servicios de farmacia dentro de estos centros para que las personas internas reciban el mismo nivel de atención que el resto de la población.

Por otro lado, Padilla ha incidido en que introduce la definición de alerta, que hasta el momento estaba planteada a nivel nacional y que, a partir de ahora, se establece también en la normativa regional. Según ha explicado la consejera, consiste en que, cuando haya defectos de calidad en productos farmacéuticos o productos sanitarios, se establezca la posibilidad de retirar lotes y alertar a la población en el caso de que exista riesgo para la salud. Todo ello, conforme a los sistemas de seguridad farmacéutica tanto nacionales como europeos, ha puntualizado Padilla.

La portavoz ha explicado que la nueva ley mejora los servicios farmacéuticos en los centros sociosanitarios, por lo que las residencias o los centros residenciales, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, con más de 100 camas, tendrán la posibilidad de establecer un servicio de farmacia propio. Pero también, “y esto es una novedad”, se incorpora la posibilidad de “establecer depósitos de medicamentos vinculados al SESCAM, que faciliten la asistencia en este sector”, ha señalado Padilla, quien ha recordado que el ámbito de la atención y los cuidados ha crecido de manera exponencial en los últimos años. “Atiende a muchísimas personas dependientes, quienes suelen recibir una medicación compleja como lo son los tratamientos crónicos y muchos centros no tienen capacidad de tener un servicio de farmacia propio”.

Garantizar suministro en zonas despobladas

Sobre todo, Padilla ha destacado que el eje de toda la reforma es el compromiso con el medio rural, ya que la norma impulsa mecanismos específicos para garantizar que la asistencia farmacéutica llegue a aquellos lugares donde no existe oficina de farmacia o donde mantenerla resulta difícil.

En primer lugar, cuando existan situaciones sanitarias excepcionales, dependencia, vulnerabilidad o dificultades para desplazarse hasta un hospital, se podrá dispensar la medicación de forma no presencial. Eso incluye la posibilidad de recibir los medicamentos en establecimientos sanitarios autorizados cerca del domicilio o incluso en la propia casa, siempre con todas las garantías de conservación, ha asegurado la portavoz.

Además, para dar facilidades a la farmacia rural, la portavoz ha expresado que se elimina el requisito de distancia mínima con el centro de salud en aquellas poblaciones con menos de 1.500 habitantes. Por otro lado, para localidades con alta densidad de población y que no cuenten con locales disponibles, se quitará el requisito de distancia mínima entre dos farmacias.

Por otro lado, Padilla ha señalado que, con esta norma, también se refuerza la protección de la población en situaciones críticas, de manera que cuando un municipio con una única farmacia sufra una catástrofe o un cierre inesperado (como ocurrió el año pasado en Letur, Mira o Villel de Mesa) y no exista un local adecuado para un traslado provisional, desde la Administración se podrá autorizar de oficio un botiquín provisional. “Por tanto, el servicio quedará garantizado también en momentos delicados”, ha indicado la consejera.

La portavoz ha desvelado que también se incorpora la figura del farmacéutico regente, designado por la Administración en casos de caducidad de la autorización o pérdida del derecho de transmisión, lo que evita cierres súbitos que dejen a la población sin atención. “Si bien este nombramiento también tiene una caducidad, para que pueda volver a salir a concurso la nueva oficina”, ha aclarado.

La portavoz ha enumerado otras medidas adicionales como, por ejemplo, la profesionalización de la actividad farmacéutica, “de manera que solo pueden dispensar medicamentos los técnicos de farmacia titulados y siempre bajo supervisión farmacéutica”. La nueva norma aclara, además, quién puede dispensar medicamentos veterinarios y aumenta la regulación de los botiquines veterinarios.

Con la aprobación del proyecto, se remite a las Cortes regionales, en las que se prevé que se apruebe la norma durante el primer trimestre de 2026, ha concluido Padilla.

Residencia de Mayores

En otro orden de asuntos, la consejera Portavoz ha anunciado la aprobación del expediente de obras de reforma y adecuación de la instalación de protección contra incendios de la residencia de mayores ‘Las Pocitas del Prior’ de Puertollano.  En palabras de la portavoz, se trata de “un paso relevante para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mayores y el personal del centro”, cuya actuación está valorada en más de 1,2 millones de euros.

Según ha recordado la consejera, esta residencia empezó a funcionar a comienzos de los años 80. A lo largo de su recorrido, ha experimentado diversas remodelaciones que han dado lugar a dos edificios conectados entre sí. Padilla ha recalcado que, esta estructura, junto con el paso del tiempo, hace necesaria una adecuación de las instalaciones de protección contra incendios para adaptarlas a la nueva normativa.

La portavoz ha concretado que el proyecto abarca exclusivamente la protección activa contra incendios, es decir, aquella que actúa cuando el incendio ya ha empezado; y que requiere de activación manual o automática para combatir el fuego. Es el caso de los extintores, rociadores automáticos, mangueras, detectores y alarmas, ha ejemplificado Padilla.