Preguntas sobre control, salud pública y riesgos ambientales
En su comunicado, la Plataforma detalla que registró una batería de cuestiones dirigidas a conocer el grado de control municipal sobre la actividad de la empresa antes del accidente, las actuaciones adoptadas tras la explosión y la naturaleza de los residuos presentes en las instalaciones. El colectivo recuerda que la Constitución Española (art. 45) y la normativa ambiental obligan a las administraciones a garantizar un entorno saludable y actuar con diligencia y transparencia.

La Alcaldía alega que el caso está judicializado
Ante estas preguntas, la Alcaldía respondió que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía proporcionar información. La Plataforma sostiene que, según el artículo 14.1.e de la Ley de Transparencia, la denegación no puede ser “genérica ni automática” y que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas se han tomado para proteger la salud y el medio ambiente, incluso en escenarios con procesos judiciales abiertos.

Normas Subsidiarias: sin detalles ni plazos
La falta de información también alcanzó al expediente de modificación de las Normas Subsidiarias, sobre el que la Alcaldía explicó que se había remitido documentación y solicitado información técnica adicional, pero sin aportar plazos ni concreciones. La Plataforma lamenta la ausencia de datos claros sobre un procedimiento que considera relevante para el futuro urbanístico del municipio.

Controversia por las declaraciones del concejal de Agricultura
Otro de los puntos que generó tensión en el Pleno fue la consulta sobre las afirmaciones del concejal de Agricultura, quien el 25 de septiembre aseguró que las plantas de biometano “eliminan los nitratos del agua del acuífero”. Según la Plataforma, el edil negó inicialmente haber realizado tal afirmación —pese a quedar registrada en las grabaciones oficiales del Pleno— y posteriormente la atribuyó a una “confusión”. La situación derivó en un incidente en el que el concejal, según el comunicado, reaccionó “de forma airada”, con gritos y abandonando la sala tras insultar a un representante del colectivo.

La Plataforma reivindica su actitud y pide respeto institucional
El colectivo asegura que sus miembros “actuaron con respeto y prudencia”, utilizando los cauces institucionales para plantear sus preguntas. Consideran que la reacción recibida fue “burda” e “impropia de un cargo público”, y denuncian que este comportamiento degrada el debate democrático. La Plataforma recalca que su labor se basa en el derecho constitucional de participación ciudadana, en la transparencia y en la protección de la salud y del medio ambiente.

Compromiso con la ciudadanía
La Plataforma Ciudadana de Socuéllamos reafirma que continuará trabajando “con rigor, respeto institucional y firmeza” para defender los intereses generales de la población. El colectivo sostiene que los vecinos “merecen respuestas claras, datos verificables y un compromiso inequívoco con la verdad y la protección del entorno”, una línea de actuación que —según subrayan— seguirá guiando sus pasos.