Nuria Moraga calificó el debate plenario de “bochornoso” y ha acusado al equipo de gobierno de no decir la verdad. Según afirmó, el Ayuntamiento sí dispone de un informe de la empresa promotora, pese a que el portavoz municipal, Benjamín de Sebastián, negara su existencia. Moraga lamentó, además, que desde el gobierno local se haya instado a la plataforma a acudir a los juzgados para obtener información y negó cualquier vinculación con la moción presentada por el PSOE. “Somos vecinos independientes y no estamos al servicio de ningún partido político”, subrayó.

La portavoz insistió en que la plataforma rechaza de forma rotunda la celebración de una consulta popular limitada a Tomelloso y defendió que el alcalde sí dispone de herramientas para frenar el proyecto, pese a sus repetidos argumentos de que las competencias de la Junta de Castilla-La Mancha. En este sentido, reclamó una moratoria de dos años, durante la cual se permita la participación vecinal, se modifique la normativa urbanística, se limite el tamaño de estas instalaciones y se aumente la distancia mínima respecto a los núcleos urbanos.

En la misma línea, Ricardo Villoldo defendió la necesidad de ese periodo de moratoria para dar “un tiempo de prudencia” que permita a las empresas ya existentes regularizar y optimizar sus instalaciones. Villoldo denunció la falta de información y comparó la situación con “subir a los vecinos a un tren sin saber a dónde va, ni cuándo sale, ni siquiera si lleva conductor”, reclamando diálogo y transparencia por parte de las administraciones.

Por su parte, Alberto Vela criticó que se plantee un plebiscito únicamente en Tomelloso cuando el proyecto afecta a varios municipios. El representante de Arenales de San Gregorio denunció la “falta de empatía” del alcalde tomellosero, que —según aseguró— no se ha puesto en contacto con su Ayuntamiento pese a que la macroplanta se ubicaría a apenas tres kilómetros de su localidad. “Siendo los principales afectados, deberíamos haber tenido información”, afirmó, alertando del impacto negativo que tendría la instalación en toda la comarca.

Cerró la comparecencia Eva Violero, quien recalcó que el debate no es partidista, sino un problema de salud pública, impacto ambiental y modelo de desarrollo. Violero puso como ejemplo a municipios cercanos como Socuéllamos, Membrilla, Manzanares, Alcázar de San Juan, Herencia o Torralba, cuyos ayuntamientos han paralizado o rechazado proyectos similares mediante cambios en sus normas urbanísticas. “Hay numerosos ejemplos de alcaldes que sí han dado marcha atrás”, señaló.

La representante de Arenales cuestionó finalmente a quién defiende el alcalde de Tomelloso y exigió que se modifique la normativa urbanística para proteger a los vecinos. “Tomelloso no debe convertirse en un vertedero en medio de La Mancha”, concluyó.