Así lo trasladan en una carta remitida este jueves al Ejecutivo regional, en la que colectivos ciudadanos de una quincena de municipios, entre ellos Stop Biometano Tomelloso, expresan su “más firme protesta, rechazo y preocupación institucional” por las afirmaciones realizadas por la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 13 de enero, de las que solicitan una rectificación pública inmediata.

Rechazo social 

Las plataformas denuncian que la consejera “omitió deliberadamente” el amplio rechazo ciudadano al plan, al no mencionar que durante la primera fase del periodo de alegaciones se presentaron más de 13.400 alegaciones, de las cuales más de 9.400 procedían de la plataforma de Socuéllamos. Para los colectivos, esta omisión supone una minimización consciente de la oposición social existente frente a este tipo de proyectos.

En el escrito también se reprocha que Gómez pasara por alto las alegaciones de la Consejería de Sanidad, en las que se advertía de riesgos sanitarios no evaluados, distancias insuficientes entre las plantas y los núcleos habitados, así como el riesgo de escapes de gases con posibles afecciones a la salud respiratoria y a la contaminación de acuíferos. Las plataformas critican la “falta de atención a la salud” en el planteamiento inicial del plan y reclaman mayores garantías ambientales y sanitarias.

Normativa autonómica y responsabilidades

Los movimientos vecinales cuestionan además que la consejera haya señalado que, sin la aprobación del plan autonómico, no pueden fijarse distancias mínimas para la implantación de las plantas, recordando que la normativa estatal y europea ya establece obligaciones claras en materia de protección de la salud y del medioambiente. Asimismo, rechazan que la Junta traslade la responsabilidad a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, que carecen —según indican— de recursos y personal técnico para afrontar modificaciones urbanísticas.

Las plataformas califican esta postura como una “dejación de funciones” por parte del Gobierno regional ante un problema que consideran de índole autonómica, con al menos 86 proyectos registrados en Nevia o en distintos ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Por todo ello, concluyen que las declaraciones de la consejera suponen una “acumulación de errores jurídicos, falsedades objetivas y desviaciones de responsabilidad”, y reclaman la aprobación urgente de una normativa autonómica que regule distancias, emisiones, gestión del digestato, riesgos sanitarios y condiciones de implantación, con el objetivo de poner fin a la inseguridad jurídica existente.