“Un servicio en situación límite”

El responsable regional de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, y el responsable del sector de Transporte Sanitario, Serafín García, subrayaron en rueda de prensa que las empresas concesionarias no cumplen las condiciones mínimas y que la única solución pasa por devolver la gestión a lo público.
Según Peiró, el transporte sanitario de Castilla-La Mancha atraviesa una “situación límite”, con ambulancias envejecidas, averías continuas y material defectuoso, lo que pone en riesgo la seguridad de trabajadores y pacientes. “Lo venimos denunciando desde hace años —afirmó—, y los hechos nos dan la razón”.

Falta de personal y sobrecarga de trabajo

UGT denunció también la escasez de personal en todas las provincias. En Ciudad Real, advirtió García, las plantillas están al borde del colapso, con jornadas que superan los límites legales y un “desgaste brutal” entre los profesionales. Una falta de recursos similar se registra en Guadalajara, que cuenta con la menor dotación de ambulancias de la región pese a su dispersión geográfica y mayor población, lo que provoca zonas descubiertas y sin cobertura asistencial. La situación se repite en Albacete, Toledo y Cuenca, donde predominan las sobrecargas de trabajo y los incumplimientos de cuadrantes.

Bloqueo del convenio y precariedad laboral

El sindicato recordó que los cerca de 2.000 trabajadores del sector llevan más de una década con los salarios congelados y con un convenio colectivo bloqueado desde 2012. “El bloqueo no es culpa de los sindicatos ni de los trabajadores, sino consecuencia de un modelo empresarial sin recursos ni voluntad para garantizar condiciones dignas”, afirmó UGT.
Ante la falta de avances, el sindicato mantiene movilizaciones y demandas judiciales por exceso de jornada y horas extras impagadas, con sentencias favorables a los trabajadores.

Ahorro y mejor servicio con gestión pública

UGT insistió en que el Sescam dispone de un informe elaborado por el sindicato en el que, a partir de experiencias de otras comunidades, se demuestra que una gestión directa y pública ahorraría costes a la Administración y permitiría mejorar la calidad asistencial. “Cuando las empresas no pueden garantizar salarios dignos ni estabilidad laboral —concluyó Peiró—, no pueden seguir al frente de un servicio público esencial”.