El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido esta mañana una reunión “clave” en el marco de la nueva planificación hidrológica 2028-2033, que condicionará el futuro del regadío en Castilla-La Mancha.

Un encuentro que ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Ferández; la directora de la Agencia del Agua, Montse Muro; el presidente de la Junta Central de Regantes Mancha Oriental, Julián García; el representante de la Comunidad de Regantes (CCRR) de Cancarix, Sur de Hellín y Tedelche, Ignacio Valcárcel; el representante de la consultora Ingesagua y Comunidades de Usuarios de la zona de Hellín, Antonio Montoya; el representante de la CCRR La Horca-Agramón, Carlos Díaz; representantes de usuarios y CCRR de Tobarra, Miguel Martínez; el representante de la CCRR Ontur-Albatana y alcalde de Albatana, Francisco José Mansilla; el representante de la SAT Riegos Ontur y alcalde de Ontur, Jesús López; el representante de la CCRR Las Colleras-Fuenteálamo, José Luis Martínez;  el representante de la CCRR de la Sierra del Segura, Rafael Parra; y, por último, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

De este encuentro ha dado cuenta a la prensa el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que ha manifestado la “inquietud que hay en todo el sector agrario y ganadero, pero también del agroalimentario, del industrial” e, incluso, una preocupación desde el punto de vista del abastecimiento de agua a las poblaciones.

Al respecto, Martínez Lizán ha explicado que Castilla La Mancha defiende una idea clara y es que, dentro del mismo marco europeo, la realidad de cada territorio es distinta, por tanto, la planificación hidrológica debe ser justa, proporcionada y adaptada a cada territorio, evitando recortes automáticos y homogéneos que no tienen en cuenta las diferencias entre cuencas.

El consejero ha añadido que el Ejecutivo defiende un regadío social, productivo y compatible con la sostenibilidad, una petición que se sustenta en el compromiso ya existente en Castilla-La Mancha.  “El agua es un recurso escaso que tenemos que aprovechar eficientemente, como se está demostrando en Castilla-La Mancha, ya que es la segunda comunidad en superficie de regadío y una de las más eficientes, con casi el 70 por ciento en riego localizado. Esta es la constatación de que se aprovecha hasta la última gota del agua gracias esfuerzo de los regantes y de la Administración regional”.

Preocupaciones comunes

Continuando con la reunión, Julián Martínez Lizán ha explicado que, ambas demarcaciones han transmitido preocupaciones comunes, como el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre sobre dotaciones y concesiones, el rechazo a recortes lineales, la necesidad de una planificación basada en datos reales, la cogestión entre administración y regantes y una petición de aplazamiento de la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Al respecto ha indicado que existe “malestar en un momento clave, en el que se está produciendo esta planificación hidrológica para después del año 2027”. Conocidos los esquemas de temas importantes, el consejero ha manifestado su preocupación, “puesto que nos dejan en muy mala situación, en una comunidad que, siendo pobre en recursos, que es seca de por sí, es una comunidad que cede agua a otras comunidades para hacer ese desarrollo agronómico y agroalimentario”. Según ha expuesto, es este malestar el que “nos hace ponernos alerta, para trabajar por un futuro que garantice la sostenibilidad, como se establece en la Directiva Marco del Agua, pero también por cambiar esas reglas que están poniendo ciertos nubarrones en el horizonte del desarrollo agronómico”.

En el detalle de la Cuenca del Segura, que afecta a la provincia de Albacete, la cuestión clave que se ha detallado ha sido la escasez estructural de recursos, ya que esta provincia supone el 25 por ciento de la superficie de la cuenca, pero solo recibe el 10 por ciento del agua, así como también el regadío mayoritariamente familiar y de apoyo a cultivos leñosos. Todo ello pone a los municipios dependientes del agua del Segura en un riesgo socioeconómico, tanto agrario como industrial y poblacional, ante lo cual, los regantes piden diferenciar el regadío de apoyo a leñosos, revisar datos de masas de agua, una red adecuada de piezómetros con datos fiables, programas proporcionales y flexibilidad; compensaciones y un enfoque territorial justo.

Por su parte, la Cuenca del Júcar, que afecta a Albacete y Cuenca, es una cuenca estratégica para Castilla-La Mancha, ya que el 71 por ciento de la misma pertenece a la región y en ella hay regadíos altamente organizados, especialmente en Mancha Oriental. Existe en esta cuenca preocupación por los recortes del 35% y renovaciones de concesiones sujetas al consumo pasado, así como por las reservas hídricas sin adjudicar y una sensación de desequilibrio territorial por las transferencias hacia la costa.

En conjunto, los representantes de ambas cuencas han demandado una cogestión real y reglas claras, flexibilidad en planes de explotación, inversiones para sustituir bombeos y proteger el acuífero, materializar las reservas hídricas previstas y, por último, incentivos por buena gestión ambiental.

Trabajo jurídico y administrativo para afrontar el reto de la Directiva Marco del Agua

En cuanto a la tarea que queda, el consejero de Agricultura ha explicado que “estamos trabajando para ver jurídica y administrativamente cómo afrontar el reto de la Directiva Marco del Agua, puesto que en esta ocasión está perjudicando seriamente el desarrollo futuro. En este sentido, el presidente dará noticias próximamente de qué actuaciones vamos a llevar a tal efecto desde el Gobierno regional”.

Respecto a la posición del Ejecutivo autonómico, Julián Martínez Lizán ha explicado que defiende una normativa europea sin vaciar el medio rural, que sea diferenciada y adaptada a cada territorio, que priorice la modernización, la reutilización y la eficiencia; que refuerce la gobernanza y la cogestión con los regantes y, por último, que garantice la sostenibilidad ambiental sin destruir la viabilidad económica del campo.

“Debemos tener igualdad de criterios a la hora de hacer esos repartos que por las confederaciones se están realizando, y también de gestión. Debemos considerar que nuestros regadíos mayoritariamente son cultivos sociales vinculados a cultivos leñosos, no son grandes producciones de las que estamos hablando en cuanto a consumo de agua. Tenemos localidades con apenas 800 m³ por hectárea de consumo y no se puede hacer de forma igualitaria la gestión de planificación. Debe ser equitativa, debe ser homogénea en la aplicación de los diferentes criterios y, sobre todo, que salvaguarde la rentabilidad futura de las explotaciones”, ha detallado el consejero.

Por último, ha explicado que en este momento está abierto el proceso de alegaciones, al que, tanto los representantes de las diferentes comunidades como la propia Administración “van a presentar alegaciones a este esquema de temas importantes. Esperemos que la coherencia y la razón imperen en el futuro proceso de planificación, en el que es fundamental entender todos estos criterios si queremos seguir manteniendo esa actividad socioeconómica que genera vida, que genera empleo y que, por lo tanto, mantiene vivos nuestros pueblos”, ha finalizado.