UPTA CLM valora positivamente la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de varias medidas destinadas a mejorar la protección social del colectivo autónomo —como la cuota cero en caso de enfermedad grave, la equiparación de prestaciones con el Régimen General o el avance hacia un sistema de cotización por ingresos reales—, pero lamenta profundamente el rechazo a la reforma fiscal del trabajo autónomo, una demanda histórica del sector.

Según los datos analizados por la organización, un autónomo con ingresos medios en Castilla-La Mancha destina prácticamente uno de cada cuatro euros de su beneficio al pago del IRPF, soportando tipos medios efectivos del 23% al 24%, mientras que los grandes grupos empresariales, gracias a deducciones y mecanismos de planificación fiscal, reducen su tributación real a entornos del 10%–12%, pese a tener un tipo nominal del 25% en el Impuesto de Sociedades.

"No es aceptable que quienes sostienen la economía local, el comercio de proximidad y el empleo en nuestros pueblos y ciudades paguen más impuestos que las grandes corporaciones", ha denunciado César García, presidente de UPTA CLM. "En Castilla-La Mancha el autónomo no tiene margen: ingresos ajustados, costes al alza y una fiscalidad que no tiene en cuenta la realidad del pequeño negocio".

La organización subraya que el rechazo parlamentario a medidas como la reducción del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25.000 euros, la ampliación de gastos deducibles reales o la creación de tramos más progresivos de cotización perpetúa un modelo fiscal desequilibrado que penaliza al autoempleo y frena el emprendimiento en regiones como Castilla-La Mancha. UPTA defiende la necesidad de reducir un 5% en cada tramo del IRPF hasta el tramo de 30.000 euros.

UPTA CLM advierte de que sin una fiscalidad justa no habrá cohesión territorial ni relevo generacional, y reclama al Gobierno central y a los grupos parlamentarios que retomen de inmediato una reforma fiscal estructural que garantice un reparto equitativo del esfuerzo tributario y reconozca el papel esencial de los autónomos en el desarrollo económico y social de la región.

"Queremos protección social, pero también justicia fiscal. No pedimos privilegios, pedimos igualdad", ha concluido César García.